Acusan de genocidio a funcionarios en Guatemala

Varios allanamientos fueron realizados el jueves por las autoridades para intentar acatar varías órdenes de captura dictadas en la víspera contra el ex ministro de Defensa y posterior presidente de facto, general Oscar Humberto Mejía Víctores, y otros militares después de que un juzgado los implicó en un proceso en el cual son sindicados de genocidio. 
Yesenia Enriquez, vocera del Ministerio Público, informó que un juzgado libró las ordenes de captura contra Mejía Víctores, el general Luis Enrique Mendoza García, quien era viceministro de Defensa en la misma época, y otro militar que ya fue arrestado. 
“Ayer se logró la captura del militar en situación de retiro Mauricio Rodríguez Sánchez, acusado en el mismo caso y hoy ya lo está escuchando el juez a cargo del proceso”, dijo Enriquez. 
Rodríguez fungía en el periodo de 1982-1983 como jefe de la sección de inteligencia G-2, ahora desaparecida, y que actuaba bajo órdenes del Estado Mayor de la Defensa Nacional. 
Enriquez dijo que tras obtener las ordenes de captura se realizaron cuatro allanamientos en búsqueda de los demás militares pero no se logró capturarlos. 
La jueza Carol Patricia Flores del juzgado primero de alto riesgo, a cargo del casto, también ordenó que el proceso permanezca bajo reserva, por lo que el expediente no puede ser consultado públicamente y las partes están condicionadas a no revelar detalles del mismo. 
Mejía Víctores gobernó Guatemala tras derrocar en 1983 al también general golpista Efraín Ríos Montt y entregó el poder en 1986 a un civil después de realizar las primeras elecciones democráticas luego de décadas de cruentas dictaduras militares. 
Dentro del mismo caso es procesado el general Héctor Mario López Fuentes, quien fungía como jefe del Estado Mayor de la Defensa, cargo en el cual era subalterno de Mejía Víctores.
López Fuentes fue detenido en junio y desde entonces ha evitado tres audiencias judiciales para que se le formulen cargos aduciendo que se encuentra hospitalizado por padecer cáncer en la próstata.
Una cuarta audiencia está planificada para mañana en las instalaciones de Hospital Militar donde se encuentra bajo custodia. 
El Ministerio Público acusa a los imputados de haber planificado y ejecutado planes militares que buscaban el control de indígenas y que desembocaron en la muerte de miles de ellos, en el marco del conflicto bélico entre guerrillas marxistas que intentaban tomarse el poder y las fuerzas gubernamentales que duró 36 años y dejó en total más de 200.000 muertos y desaparecidos, según la ONU. 
Dentro del proceso judicial en cuestión, a las fuerzas militares se les achacan al menos 100 hechos donde habrían muerto al menos 1.771 personas, se habrían cometido 1.400 violaciones y se habría desplazado a por lo menos 29.000 personas, explicó recientemente el fiscal Manuel Vásquez.
Los delitos de los que son sindicados son genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. 
La acusación se centra en hechos cometidos en el área de la etnia Ixil, que abarca los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal, todos del departamento de Quiché, en el norte de Guatemala.