Los prisioneros "murieron calcinados o asfixiados por los gases provocados por las llamas en el interior de sus celdas, que estaban aseguradas con candados", dijo Josué García, vocero de los bomberos de Comayagua, ciudad a unos 140 kilómetros al norte de Tegucigalpa donde a las 22.50 del martes se registró el incendio.
"Lamentablemente no pudimos sacarlos por no tener las llaves a mano y no hallar al guardia que las portaba", agregó.
El sargento de los bomberos Ricardo Granados indicó que con herramientas especiales sacaron los cuerpos atrapados en las literas mientras que el comisionado nacional de derechos humanos, Ramón Custodio, sostuvo que "hay escombros mezclados con cuerpos humanos en el interior de las celdas".
En la cárcel, con capacidad para 400 presos, había 852 reos. Al pasar la lista en la madrugada faltaban 356.
Unas 1.000 personas trataron de romper los candados de los portones de la prisión pero la policía los dispersó con gases lacrimógenos. El canal 5 de televisión mostró imágenes de familiares de las víctimas arrojando piedras a los policías.
"Los policías no nos dejaban entrar para ver a nuestros seres queridos", dijo llorando a The Associated Press Natalia Juárez, hermana de un reo presuntamente fallecido en el siniestro.
El director nacional del sistema penitenciario, Danilo Orellana, dijo a la AP que "un reo habría causado el incendio al quemar su colchón. Algunos de sus compañeros de celda dijeron que él gritó 'aquí nos moriremos todos' y en cinco minutos todo ardió".
La gobernadora de Comayagua, Paola Castro, dijo en rueda de prensa que minutos antes del siniestro había recibido una llamada telefónica de un interno que le dijo "le voy a meter fuego a esto y vamos a morir todos". No identificó al prisionero ni dio más explicaciones.
Ever López, de 24 años, encausado por homicidio y que sobrevivió al incendio, dijo que tras ver el humo "junto a otros reos huimos por el techo, que rompimos con las manos... y gracias a Dios que estoy vivo".
El presidente Porfirio Lobo suspendió de sus cargos a los funcionarios del centro penal y de la administración nacional de cárceles mientras se investiga el caso. Uno de ellos es Orellana, quien afirmó que "soy disciplinado y acepto la disposición presidencial".
