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Aministía Internacional preocupada por ley de seguridad en México

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Un proyecto de ley de Seguridad Nacional que se debate en México y que reglamenta el despliegue militar por amenazas internas, “debilitará gravemente la protección de los derechos humanos” advirtió el jueves Amnistía Internacional sumándose así al rechazo de Human Rights Watch. 

El gobierno de Felipe Calderón insistió el miércoles en pedir al Congreso aprobar esa iniciativa, presentada hace dos años con el propósito de especificar las facultades que tienen las fuerzas armadas -desplegadas desde 2006 para enfrentar los carteles de la droga- cuando se solicite su intervención para atender amenazas internas. 

La iniciativa, que autoriza a los militares a realizar cateos e intervenir comunicaciones para la obtención de inteligencia, “no garantiza controles o mecanismos de rendición de cuentas para prevenir y sancionar abusos”, señaló Rupert Knox, investigador sobre México para AI. 

“La ley de Seguridad Nacional debilitará gravemente la protección de los derechos humanos y creará una figura legal que incrementará las violaciones y la impunidad”, abundó. 

Previamente el director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo a la AFP que la propuesta “es sumamente ambigua al definir las condiciones en que podrían ser utilizadas las fuerzas armadas”. 

Subrayó que la iniciativa “no establece claramente cuáles derechos humanos no pueden ser derogados en ninguna situación y a su vez, garantiza la permanencia de un sistema de justicia militar que ha generado un clima de impunidad en el caso de abusos militares”. 

Calderón ordenó desde diciembre de 2006 el despliegue de militares para enfrentar a los carteles de la droga, en el marco de una ofensiva que deja ya más de 37.000 muertos: 34.600 hasta diciembre según el balance oficial y más de 3.000 este año según recuentos coincidentes de prensa. 

Pero ese despliegue militar, que ya suma a unos 50.000 efectivos del Ejército y la Marina de Guerra, ha estado acompañado de crecientes denuncias de abusos e incluso asesinatos de civiles inermes presentado luego como miembros de grupos de pistoleros del narcotráfico, según grupos de derechos humanos.

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