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Arquitecto de dura ley migratoria de Arizona removido de su cargo

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Pearce, quien ideó la polémica ley SB 1070, fue derrotado el martes por Jerry Lewis, también republicano, 53% a 46%, según los resultados emitidos por las autoridades locales para el distrito legislativo 18 de Arizona (suroeste). 

Esta es la primera vez que el presidente de un Senado estatal es removido en Estados Unidos mediante una llamada “elección de destitución”, que fue solicitada por organizaciones civiles que recolectaron más de 10.000 firmas contra Pearce, blanco de críticas de grupos de defensa de los migrantes. 

“Parece que los números no me favorecen, y me parece bien”, dijo Pearce, citado por medios locales. “Si ser destituido es el precio que pago por mantener mis promesas, que así sea”, afirmó. 

Pearce, quien tenía una década en el Senado estatal, debe dejar el cargo cuando las autoridades electorales hagan oficial el resultado. 

La ley SB 1070, promulgada en abril de 2010, por primera vez en la historia de Estados Unidos convirtió la inmigración ilegal en un delito estatal y obligaba a la policía local a pedir documentación a cualquier persona que bajo “sospecha razonable” pudiera ser considerado inmigrante ilegal. 

La ley fue inmediatamente impugnada por grupos civiles y el gobierno de Barack Obama, que alegaba su inconstitucionalidad por interferir con las leyes migratorias federales, y fue parcialmente suspendida por un juez federal antes de que entrara en vigor en julio de 2010. 

La decisión final sobre la ley quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia. 

Jerry Lewis hizo campaña con una postura migratoria más moderada. 

Grupos de defensa de los inmigrantes se apresuraron a saludar la derrota de Pearce. 

“Esta bien, puede ser la elección que finalmente dé vuelta a la creciente xenofobia antiinmigrante en Estados Unidos”, dijo el director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), Brent Wilkes. 

Luego de Arizona, varios estados han aprobado duras leyes migratorias, y en dos de ellos, Alabama y Carolina del Sur, el gobierno también impugnó judicialmente, mientras estudia si lo hace en Utah, Indiana y Georgia. 

En Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos. 

El gobierno de Barack Obama defiende una política migratoria “humana” enfocada en la deportación de los criminales, mientras aboga por una reforma migratoria integral que abra una vía para regularizar la situación de los indocumentados.

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