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Autoridades de EEUU cierran 1.500 casos de deportación de 150.000 revisados

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Las autoridades estadounidenses han cerrado administrativamente apenas 1.500 casos de deportaciones pendientes de inmigrantes indocumentados, de 150.000 que han revisado, informó este jueves el director de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton. 

El gobierno de Barack Obama ya revisó la primera mitad de los 300.000 casos que inició en noviembre dentro de su nueva directiva de priorizar la deportación de criminales, indicó Morton en una audiencia en una subcomisión presupuestaria de la Cámara de Representantes. 

“Hasta el momento, hemos cerrado administrativamente unos 1.500 casos”, dijo Morton. 

La mayor parte de esos casos, considerados de baja prioridad, corresponden a personas que han vivido en Estados Unidos por largo tiempo y su cónyuge o un hijo es ciudadano estadounidense, explicó el funcionario. 

Tras un programa piloto de revisión de los casos culminado en enero, autoridades migratorias habían dicho que pocos casos eran cerrados administrativamente porque casi todos se ajustaban a las prioridades migratorias de ICE. 

Esos indocumentados cuyo caso es cerrado se quedan en una especie de “limbo” legal, ya que por el momento no pueden ni trabajar ni pedir la legalización, pero no son deportados. 

El gobierno del presidente Barack Obama asegura que no es posible deportar a la totalidad de los 11 millones de extranjeros indocumentados que viven en el país, y que las restricciones presupuestarias sólo permiten sacar del país a unos 400.000 indocumentados, por lo que hay que acordar prioridades. 

Morton presentó el presupuesto de ICE para el año fiscal 2013 (octubre 2012-septiembre 2013), que pide 5.300 millones de dólares, una reducción de 4% con respecto al 2012, pero que según el funcionario no impedirá que la agencia cumpla con sus obligaciones migratorias. 

De hecho, el presupuesto prevé para marzo de 2013 tener implementado a nivel nacional el programa denominado “Comunidades Seguras”, que permite a oficiales locales y estatales contrastar huellas dactilares de detenidos con bases de datos federales para conocer su estatus migratorio. 

“Tiene sentido porque es una buena política”, dijo Morton en defensa del programa, que ha sido criticado por organizaciones de inmigrantes que afirman que algunas personas a las que se les iniciaron procesos de deportación cometieron ofensas menores como infracciones de tránsito.

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