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Chile: ordenan pago de indemnización por muerte por tsunami

La justicia ordenó al Estado chileno pagar una indemnización equivalente a unos 20.000 dólares por la muerte de un taxista arrollado por el tsunami del 27 de febrero del 2010 debido a que se levantó anticipadamente la alerta del fenómeno que devastó vastos sectores del sur del país. 

El fallo en primera instancia del Tercer Juzgado Civil de Concepción, 500 kilómetros al sur de esta capital, otorgó la indemnización al anciano padre del taxista Luis Soto, de 55 años, quien la madrugada del 27 de febrero salió de su hogar tras el fuerte terremoto que afectó al centro sur del país luego de que la autoridad regional, basada en un informe de la armada, descartó la posibilidad de un tsunami. 

Pero al pasar con su automóvil por la zona portuaria el taxista fue arrollado por una gigantesca ola, que la causó la muerte. 

Si la resolución judicial es confirmada por los tribunales superiores podría tener efectos cuantiosos para el fisco, por cuanto otros familiares de las víctimas podrían demandar compensaciones por no haber sido alertados oportunamente. Otras 155 personas murieron como consecuencia del tsunami y 524 en total perecieron durante el terremoto. El fallo también podría incidir en la investigación penal de las consecuencias fatales del tsunami. 

Simultáneamente la esposa del taxista también presentó una demanda exigiendo una indemnización, mientras en el ámbito penal una fiscal indaga las responsabilidades de las autoridades por la mala información. La armada emitió en esa oportunidad un comunicado descartando el tsunami, aunque posteriormente cuando ya las olas habían arrasado sectores costeros confirmó su existencia.

El director del servicio hidrográfico y oceanográfico de la armada fue destituido por la negligencia. 

La presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, consideró en declaraciones a la prensa que la resolución del tribunal de Concepción, que puede ser apelada a las cortes de Apelaciones y Suprema, es “un antecedente que puede ser considerado” en una resolución en la investigación sobre las responsabilidades penales de las autoridades por las muertes ocurridas durante el maremoto.

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