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Chile: por caso de DDHH piden renuncia de jefe militar

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Activistas de derechos humanos exigieron hoy martes la renuncia del Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, vinculado al asesinato de 22 campesinos en 1973. 

Castro Muñoz no ha sido procesado en la causa que investiga el asesinato de los campesinos de la localidad agrícola de Paine, pero sí ha declarado como testigo y como inculpado en el proceso llevado por el juez Héctor Solís. 

“Que Guillermo Castro no haya sido procesado, no significa que es inocente”, dijo a la AP la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. 

“No sé si, por ejemplo, en Alemania, después del nazismo, algún oficial de la SS, puede llegar a ser el segundo a bordo del ejército alemán, eso es impensable”, agregó. 

La abogada Pamela Pereira, hija de uno de los campesinos ejecutados, dijo que “para la mirada del juez, no está absolutamente probada su participación en los hechos, pero hay antecedentes de que efectivamente acompañó al coronel Andrés Magaña y hay antecedentes de un partícipe de los hechos que dice que el general Castro estaba ahí”. En ese entonces, Castro era subteniente del ejército. 

Magaña es uno de los ocho procesados en el caso. 

Varios diputados y senadores de la oposición de centroizquierda, que gobernó entre 1990 y 2010, demandaron la renuncia de Castro. 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, recordó que Castro ascendió durante los gobiernos de centroizquierda de los presidentes Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), y no durante el régimen derechista de Sebastián Piñera. 

El caso de Castro se produce luego que en las últimas 24 horas se conocieron tres casos en que altos oficiales jubilados del ejército, que prestaron funciones en los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ocupan actualmente cargos públicos. 

El Ministerio de Defensa despidió el lunes a tres oficiales retirados que asesoraban a la Subsecretaria de Defensa, y que fueron agentes de la policía secreta de Pinochet, responsable de las peores violaciones a los derechos humanos de un régimen que dejó 3.065 opositores muertos. 

Hoy martes se conoció una denuncia de radio Cooperativa sobre el brigadier jubilado Pablo Belmar, que prestaba funciones de seguridad en el Parque Metropolitano, un lugar de entretenimiento de la capital y que perteneció a una temida brigada de la policía secreta. Después del mediodía fue desvinculado por el ministro de Vivienda subrogante, Andrés Jacobelli. 

El caso del general Castro cobró relevancia ante versiones de prensa que señalan que el oficial admitió ante un juez haber servido en la Central Nacional de Inteligencia, CNI, uno de los organismos represivos del régimen, que dejó 3.065 opositores muertos, de ellos, 1.200 detenidos desaparecidos. 

La AP consultó al ejército sobre si es efectiva la participación de Castro en la CNI, pero no recibió respuesta. 

De los 22 campesinos apresados y ejecutados ilegalmente sólo se encontraron 295 restos óseos en noviembre del 2007. Fueron desenterrados y lanzados al mar, según los informes judiciales. 

El juez Solís busca identificar a los subtenientes que participaron en las muertes.

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