Condenan a exgeneral guatemalteco a 6.060 años de prisión

El Tribunal de Alto Impacto condenó a Pedro Pimentel Ríos a purgar 6.060 años de prisión por la muerte de 201 campesinos de la comunidad Dos Erres, en Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, en una de las atrocidades cometidas en el país en el marco del conflicto armado que se prolongó por 36 años. 
El tribunal de tres magistradas, encabezado por Irma Yanet Valdez, explicó el razonamiento de la sentencia durante dos horas antes de emitir su veredicto. 
El general retirado formó parte de una unidad comando de las fuerzas armadas guatemaltecas denominada Kaibil que llevo acabo la operación, según acusó el ministerio público. 
La sentencia fue emitida así: treinta años por cada muerte, más treinta años por el delito contra los deberes de humanidad. 
Edgar Pérez, abogado de las víctimas, celebró el fallo. 
“Nosotros pedimos la pena máxima porque debido a la trascendencia internacional de los crimenes, no podíamos pedir menos”, dijo. 
Horas antes de ser sentenciado, Pimentel Ríos emitió su última declaración donde pregonó su inocencia.] 
“No estuvé allí cuando sucedieron los hechos”, dijo. 
Pimentel Ríos, de 54 años, fue extraditado el año pasado por Estados Unidos, en donde trabajaba como empleado de mantenimiento en Santa Ana, California. 
Con esta sentencia, el general retirado se convierte en el quinto kaibil sindicado por los mismos hechos. 
Cuatro militares fueron hallados culpables de la matanza en agosto y también condenados a 6.060 años de prisión. Pese a la abultada condena, la legislación guatemalteca establece un máximo de 50 años de prisión efectivos para cualquier persona. 
El 7 de diciembre de 1982, 17 kaibiles, como se denomina a los comandos elite del ejército, ingresaron a la Dos Erres apoyados por 40 militares más que resguardaron el perímetro, según el expediente judicial. 
Los soldados buscaban 21 fusiles que el 22 de octubre de 1982 la guerrilla había robado al Ejército en una emboscada, un incidente que desató sospechas respecto a la lealtad de los lugareños hacia las fuerzas insurgentes. 
Al incursionar en la comunidad, los militares sacaron a los pobladores de sus casas, los separaron por género. A los hombres los llevaron a la escuela de la comunidad y a las mujeres a la iglesia. Antes de matarlos, a unos los torturaron y a ellas, las golpearon y violaron. 
El conflicto armado, que concluyó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas, dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe de una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas tras el fin del conflicto.