Continúa batalla por el presupuesto en el Congreso de EE.UU.

Con su promesa de anular el plan del seguro médico aprobado el año pasado por Obama, el representante republicano Denny Rehberg propuso bloquear los fondos para poner en marcha la legislación, por considerar que contribuirá de forma espectacular al endeudamiento soberano y porque el presidente, sostienen los republicanos, se excedió en sus poderes y facultades. Los demócratas respondieron indicando que la ley ha sido una bonanza para las familias, creará puestos de trabajo en el campo de la salud y reducirá el déficit federal. 
La medida sería apenas el primer paso en una pugna enconada entre demócratas y republicanos sobre el monto de los recortes en la segunda mitad del año fiscal que culmina el 30 de septiembre. 
Los fondos aprobados hasta en varias partidas del gasto público vencen el 4 de marzo, y el presidente de la cámara, John Boehner, exaltó aún más los ánimos el jueves al insistir que la cámara, con mayoría opositora, se negará a aprobar siquiera una medida a corto plazo para prorrogar actual nivel de gastos. 
“Lean mis labios: Vamos a reducir el gasto” público, insistió Boehner. 
Al comenzar el debate del viernes, la atención quedó centrada en reformar la ley del seguro médico, que dominó las labores del Congreso en el 2009 y la primera parte del 2010. Las diferencias entre ambos bandos de la cámara no han variado un ápice. Los republicanos no tienen posibilidad alguna de derogar la ley debido a la mayoría demócrata en el Senado. Empero, conscientes de su inferioridad numérica en la cámara alta, piensan atacar la ley poco a poco y partida por partida. 
Entre las votaciones del viernes es posible que figure la propuesta de bloquear las subvenciones federales a la organización de planificación familiar Planned Parenthood, impedir al Pentágono gastar fondos públicos para patrocinar los equipos que compitan en las carreras de automóviles NASCAR; alterar una norma propuesta por la Casa Blanca para reprimir ciertas actividades en las universidades con fines de lucro y escuelas de formación laboral; y privar a la agencia de Protección del Medio Ambiente de su autoridad para emitir regulaciones sobre el calentamiento global.