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CPI emite una orden de arresto contra Gadafi

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el lunes una orden de arresto contra el dirigente libio Muamar al Gadafi, su hijo Saif Al Islam y el jefe del servicio de inteligencia Abdalá Al Senusi calificada por Trípoli de “tapadera para la OTAN”. 

La decisión de los jueces fue acogida con escenas de júbilo en Bengasi, segunda ciudad del país, y en Misrata, a 200 km al este de Trípoli. Algunas personas efectuaban disparos al aire y muchas agitaban banderas de la rebelión. 

“Se ha hecho justicia”, se congratuló el presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), órgano político de los rebeldes libios, Mustafá Abdeljalil, ante la prensa en Bengasi, sede de la insurrección libia. 

Los jueces de la CPI estimaron, en una audiencia pública en La Haya, que “hay motivos razonables para creer que (...) Muamar al Gadafi, de forma coordinada con su entorno cercano, concibió y orquestó un plan destinado a reprimir y a disuadir a la población que se manifestaba contra el régimen y a aquellos considerados como disidentes del régimen”. 

En Trípoli, el nuevo ministro de Justicia libio, Mohamed Al Gamudi, afirmó que se trataba de una “tapadera de la OTAN” para alcanzar al dirigente libio, y recordó que el régimen no firmó el Tratado de Roma, fundador de la CPI, por lo que “no acepta su jurisdicción”. 

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, estimó que la emisión de la orden de arresto contra Gadafi “es otra señal de su pérdida de legitimidad” y según el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, “recalca una vez más el aislamiento creciente del régimen”. 

Por el contrario, el presidente sudafricano Jacob Zuma, que forma parte de los mediadores que buscan una salida al conflicto, se declaró “extremadamente decepcionado y preocupado” porque estima que la decisión de la CPI va a socavar la mediación.  

El ministro de Relaciones Exteriores francés Alain Juppé estimó que el tema no es saber si Gadafi debe renunciar “sino cómo y cuándo”. 

El anuncio se produce cuando hace ya 100 días que se emprendió la campaña de bombardeos de la OTAN para ayudar a los rebeldes, y el conflicto parece estancarse. Gadafi sigue en el poder. 

“Para evitar que continúen ocultando los crímenes que se siguen cometiendo y que cometan otros, deben ser detenidos. Esta es la única manera de proteger a los civiles en Libia”, reaccionó el fiscal Luis Moreno Ocampo en un comunicado. 

Según los jueces, hay motivos razonables para pensar que los tres hombres son responsables “como autores indirectos” de asesinatos, de persecuciones, constitutivos de crímenes contra la humanidad, cometidos por las fuerzas de seguridad libias, sobre todo en Trípoli, Bengasi y Misrata. 

Las fuerzas de seguridad “infligieron actos inhumanos a la población civil”, según los jueces. 

La revuelta en Libia causó miles de muertos, según el fiscal de la CPI, y ocasionó la huida al extranjero de casi 650.000 libios y el desplazamiento en el interior del país de otros 243.000, según la ONU. 

Sobre el terreno, según un corresponsal de la AFP, los rebeldes seguían a unos 50 km de Trípoli. 

Hasta ahora sólo un jefe de Estado en ejercicio, el presidente sudanés Omar al Bashir, era objeto de una orden de detención de la CPI. Buscado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur (Sudán), Bashir no reconoce la competencia de la CPI, a la que desafía regularmente. 

La CPI, que entró en funciones en 2002, no dispone de una fuerza policial y depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de las órdenes de arresto. 

Esta Corte tiene competencia en Libia en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad del 26 de febrero, algo que cuestionan las autoridades libias, quienes afirman que sus decisiones no le “conciernen”. 

La CPI es el primer tribunal internacional permanente encargado de procesar a los presuntos autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

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