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Críticas de Vargas Llosa a ley de DDHH obliga a su derogatoria en Perú

Un decreto dictado a favor de militares violadores de derechos humanos tenía las horas contadas hoy martes en Perú, tras la fuerte carta de protesta que el escritor Mario Vargas Llosa envió el lunes al presidente Alan García, quien se comprometió a derogar la norma.

La carta del consagrado novelista tuvo el efecto de una bomba y obligó al mandatario a dar un viraje en redondo en medio de una ola de protestas contra el decreto legislativo 1097, que, se considera, busca la impunidad de militares y policías acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad.

Medios de prensa coinciden este martes en que al conocer el texto de la misiva, el presidente García llamó a Vargas Llosa, quien se encuentra en París, para comunicarle que pediría al Congreso que derogue ese decreto, dictado el pasado 1 de setiembre al amparo de facultades legislativas dadas al Ejecutivo.

Al anochecer del lunes García envió "con carácter de urgencia" un proyecto de ley al parlamento para que deje sin efecto la controvertida norma. Sin embargo, el mandatario declaró hoy que "tanto poder no tiene Vargas Llosa" como para obligarlo a cambiar de opinión, a la vez que agregó que no hubo presión militar tras esa norma, como sostiene el escritor.

García también descartó que mediante ese dispositivo buscaba librarse de acusaciones de ser responsable de una matanza de presos por terrorismo hace 24 años durante su primer gobierno (1985-1990). "Aquí estoy, he estado ante todos los fiscales y nada ha pasado porque yo sé afrontar las cosas; no necesito ninguna ley de amnistía vergonzante", precisó.

Vargas Llosa había denunciado que esa ley significa una "amenaza apenas disfrazada" y que mediante una "triquiñuela jurídica" se abre "la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron delitos horrendos".

"La intervención de Vargas Llosa ha sido decisiva para que el gobierno de marcha atrás porque ha respaldado la opinión de un amplísimo pronunciamiento de ciudadanos que se habían opuesto al decreto pues constituía una amnistía encubierta", estimó el analista e historiador Nelson Manrique a la AFP.

"El costo político es muy elevado y esta crisis le pasará factura al gobierno que se vio obligado a retroceder", observó. El analista subrayó que el polémico decreto era un nuevo intento por dar impunidad a militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

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