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Desconfían medios ecuatorianos de reformas en referendo

El gobierno del presidente Rafael Correa propone regular los contenidos de los medios de comunicación a través de un consejo y prohibir que los dueños de las empresas de ese sector y los de bancos puedan tener participación en otros tipos de negocios.  

La cuestión está planteada en dos de las 10 preguntas que los electores responderán en una consulta popular que busca reformar leyes y la misma Constitución.     

“¨Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de los contenidos en la televisión, radio, publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?”, es la pregunta planteada.     

En el texto final de la Consulta, no se determina quienes serían sus integrantes y tampoco los mecanismos que se usarían para cumplir el control, aspectos que serán definidos oportunamente por el Legislativo, en caso de que la población apoye la creación del Consejo.     

Sin embargo, la hostilidad con la que el presidente Rafael Correa suele dirigirse a los medios de comunicación, especialmente aquellos que le son críticos, despierta temores entre el gremio consistentes en la probabilidad de que el gobierno quiera aplicar una censura.     

El presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordóñez, dijo a la AP que la conformación de un Consejo de Regulación “apunta a que los periodistas se autocensuren, a que por temor a ser juzgados... dejen de investigar, de escudriñar en las acciones del poder”.     

Ordóñez consideró que “es subjetivo calificar lo que es violencia”.     

La otra propuesta impondría una regulación tanto para los dueños de empresas financieras como de medios, similar a la contenidas en leyes antimonopolios de otros países.     

“Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera y comunicacional”, según el texto que será sometido a referendo, y que de aprobarse quedaría plasmado directamente en la Constitución.     

El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, al comentar sobre dicha limitación, estimó que “busca anular y limitar derechos de los medios de comunicación y de las personas vinculadas... y restringir la libertad de contratación, de trabajo y el derecho a la propiedad”.     

Predijo que si los electores aprueban esa pregunta “se va a producir una descapitalización de las empresas de comunicación”.     

Antes de que la Corte Constitucional aprobara las preguntas que serán sometidas a referendo, la Asociación de Bancos Privados de Ecuador había pedido a ese organismo que marginara las reformas propuestas hacia ese sector, por considerar que “viola el derecho de las personas a desarrollar actividades económicas en forma individual y colectivas”.     

Sin embargo, el analista y catedrático de la Universidad Politécnica Nacional, Fernando Buendía, consideró que “el tema no tiene relación con libertad de expresión ni de prensa sino con el deseo presidencial de ordenamiento y transparencia empresarial”.     

En diálogo con AP señaló que “los empresarios pueden lograr posicionar sus intereses económicos y políticos a través de los medios (y la banca) por eso es una medida sabia para el ordenamiento económico de cualquier país... no es un problema de libertad de expresión”.     

Otras preguntas del referendo proponen tipificar como infracción penal que un empleador no afilie a sus empleados a la seguridad social, prohibir los juegos de azar, los espectáculos público donde maten animales y penar el enriquecimiento no justificado, así como reformar al poder judicial.

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