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Ecuador aprobará ley de comunicación que reducirá espacios a prensa privada

El Congreso de Ecuador, de amplia mayoría oficialista, aprobará este viernes un proyecto de ley de comunicación que reducirá la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias, que cuestionan opositores y algunos medios por considerarla restrictiva de la libertad de expresión.



La iniciativa, que empezó a tratarse en 2009 y cuyo último debate fue suspendido en julio de 2012, será retomada en la mañana del viernes, dándose por descontado su aval debido a la mayoría absoluta del movimiento Alianza País (AP), del presidente izquierdista Rafael Correa.

Desde el 14 de mayo, AP ocupa 100 de los 137 escaños de la Asamblea.

"Se producirá este momento histórico en el que aprobaremos esta ley como una garantía de derechos y de la democratización de la palabra", anticipó el jueves la presidenta del legislativo, Gabriela Rivadeneira, recordando que la norma fue ordenada por la Constitución de 2008.

"Esta ley no es contra los medios, sus propietarios o los comunicadores. Es a favor de los ciudadanos y sus derechos, y busca que se informe adecuadamente", sostuvo el diputado Virgilio Hernández.

Mientras la bancada de AP defiende el proyecto como una oportunidad para ampliar el acceso a los medios y terminar con los monopolios privados, sus detractores la denuncian como una "mordaza" a la libertad de expresión.

"No es una ley democrática, pues consagra la censura previa y el monopolio estatal sobre los medios", aseguró a la AFP el director de la ONG Fundamedios, César Ricaurte.

Punto polémico de la ley es la nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, que plantea un 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro.

El sector privado controla actualmente el 85,5% de las frecuencias radiales y 71% de las televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Ricaurte advierte que los espacios comunitarios podrían ser controlados por el Estado, "ya que éste los financia y decide los contenidos, a quién dar frecuencias y a quién no".

Para los medios comunitarios, la ley establece que el Estado deberá asegurar su capacidad financiera.

Actualmente 18 medios están bajo control estatal, tras ser confiscados a banqueros a raíz de la crisis financiera de 1999.

Ricaurte, cuya fundación ha denunciado al gobierno de Correa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también objeta la creación de un Consejo de Regulación.

"Tendrá una fuerte presencia de los delegados del Ejecutivo, con lo cual se consagra la censura previa sobre los contenidos", aseveró.

En una consulta popular en mayo de 2011, los ecuatorianos aprobaron la creación del ente, cuya finalidad es regular la difusión de contenidos violentos explícitamente sexuales o discriminatorios, según el proyecto.

Esta instancia, con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones, bajo el principio de responsabilidad ulterior, estará conformada por cinco miembros: un delegado del gobierno, uno de los municipios, uno del consejo de Igualdad, uno de los organismos de control de la función pública y uno de la defensoría del pueblo.

"Hay que evitar que el Consejo sea exclusivamente del Ejecutivo, sus miembros deben provenir de otros sectores ajenos al Estado", dijo a la AFP Mauro Cerbino, investigador en comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

La iniciativa además dispone que el 60% de los contenidos televisivos debe corresponder a producciones hechas en Ecuador, el 50% de la música transmitida por las radioestaciones debe ser producida, compuesta o ejecutada en Ecuador, y prohíbe los anuncios publicitarios realizados en otros países. 

"Esta ley está muy bien, no tengo ningún empacho en decir que esta vez los asambleístas han hecho un muy buen trabajo", afirmó el pasado sábado Correa, quien asumió el 24 de mayo para un segundo mandato de cuatro años y disfruta de una alta popularidad.

La ley se enmarca en la disputa entre el presidente y un sector de la prensa, al que acusa de manipular la información y de llevar a cabo una campaña de desprestigio y desestabilización en su contra.

El momento álgido de esa pugna fue el juicio que el gobernante le ganó el año pasado al diario El Universo de Guayaquil -uno de los de mayor tradición de Ecuador-, en el cual tres directivos y un exeditor de opinión fueron condenados por injuria a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares.

Sin embargo, Correa extendió un perdón judicial y la causa fue archivada.

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