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EEUU: Estados debaten impacto de leyes migratorias en economía

Los participantes en general se opusieron a las duras leyes migratorias aprobadas en Alabama y Arizona. En lugar de éstas, ellos señalaron un paquete de leyes aprobado en Utah que incluye una legislación modelada con base en la de Arizona, pero balanceada por un programa que permitirá que inmigrantes que viven ilegalmente en el país trabajen y paguen impuestos en Utah si se registran con el estado. 

La ley no los protege de un procesamiento federal; el estado está buscando una solución federal antes de que la ley entre en efecto en el 2013. 

El programa de trabajadores invitados de Utah fue un componente clave de Utah Compact, una iniciativa impulsada como una manera más compasiva de manejar la inmigración. 

“El éxito de Utah Compact ha puesto los reflectores sobre Utah”, dijo el fiscal general Mark Shurtleff. “Ahora tenemos una oportunidad de incidir en el debate nacional sobre inmigración de una manera realmente positiva”, señaló. 

En Idaho, legisladores dieron marcha atrás en la aprobación de sus propias leyes de inmigración, en parte debido al impacto potencial sobre la agroindustria del estado. Eso es preferible que aprobar leyes que no están “bien analizadas”, dijo Brent Olmstead, un intercesor de la Coalición de Empresarios de Idaho sobre la Reforma de Inmigración. 

“Nos gustaría ver como mínimo un programa de trabajadores invitados en el que el suministro de mano de obra satisfaga la demanda, y que considere de alguna manera a los trabajadores que ya están aquí”, agregó Olmstead. 

El impacto de leyes nuevas ha sido evidente de inmediato en Georgia, donde la industria agrícola calcula que ha perdido al menos 300 millones de dólares y hasta 1.000 millones desde la aprobación a inicios del año de una ley contra la inmigración ilegal. 

Un juez federal suspendió la aplicación de partes de la ley de Georgia, entre cuyas cláusulas figuran la verificación del estatus migratorio de las personas que carecen de la identificación adecuada. Pero otros aspectos entraron en vigencia a mediados de año, como considerar como delito el uso de información o documentación falsa cuando se solicita trabajo. 

Los trabajadores migratorios han salido rápidamente del estado, dijo Paul Bridges, el alcalde de Uvalda, en el sur del estado de Georgia. Cuando las leyes estatales se aplican en combinación con otros programas federales de inmigración tales como Comunidades Seguras, que han acrecentado el número de deportaciones, los inmigrantes, legales o sin permiso para vivir en el país, se muestran renuentes a trabajar. 

“Algunos trabajadores no tienen documentos legales y otros sí los tienen. Pero la sola aplicación de las leyes los atemoriza”, destacó Bridges. “Alguien que vive legalmente aquí no desea trabajar en un campo ni viajar en una camioneta con alguien que carece de documentos legales, porque significa que tendrán que defenderse ante los tribunales” si son confundidos con los trabajadores que carecen de residencia legal. 

Warren Klug, de la Asociación de Cámara de Balnearios, de Aspen, Colorado, destacó que la importancia de los inmigrantes va más allá de los “trabajos difíciles”. Hay muchos inmigrantes que obtienen títulos universitarios legalmente, a quienes se les obliga a abandonar el país y llevan su talento a otros lugares. 

Se ha previsto que otras personas hablen en la cita de representantes de empresas de Idaho, Colorado y Utah, al igual que líderes religiosos de los estados de Wyoming y de Washington.  

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El periodista de la AP John Miller contribuyó a este despacho desde Boise, Idaho.

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