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El escándalo Bettencourt vuelve a salpicar a Sarkozy

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Fortalecido por su éxito internacional en Libia, el presidente francés Nicolas Sarkozy vuelve a enfrentar el incómodo caso de la multimillonaria francesa Liliane Bettencourt tras la reaparición de acusaciones de financiación política ilegal y el espionaje de un periodista. 

El “caso Bettencourt” que se ha ido convirtiendo en un escándalo de múltiples aristas comenzó en realidad por un diferendo familiar-judicial entre Liliane Bettencourt, la mujer más rica de Francia, y su única hija, Francois Meyers-Bettencourt. 

Rápidamente adquirió la dimensión de un escándalo político-financiero que conjugó sospechas de favoritismo y de financiación ilegal, que a fines de 2010 costaron el cargo al ministro francés de Trabajo, Eric Woerth, cercano a Sarkozy, que en 2012 aspira a su reelección en la presidencia. 

El libro “Sarkozy m'a tuer” de dos periodistas del diario francés Le Monde reavivó el caso Bettencourt a ocho meses de las presidenciales de cara a las cuales la izquierda aparece como favorita. 

En ese libro la jueza Isabelle Prévost-Desprez acusa al poder de haber presionado a testigos que habrían visto a Sarkozy recibir dinero en efectivo de la familia Bettencourt para financiar su campaña electoral en 2007. 

La magistrada, que instruyó una de las causas de este caso hasta fines de 2010, afirma que la ex enfermera de la multimillonaria “le dijo a mi notaria 'vi cómo le entregaban dinero en efectivo a Sarkozy' pero no lo podía decir en la declaración” a la policía judicial. 

En Francia la financiación política está estrictamente reglamentada desde los años 90. Las donaciones a partidos o personalidades son posibles pero están limitadas. Los rumores sobre la entrega de dinero en efectivo de donantes afortunados a políticos son bastante frecuentes. 

La enfermera en cuestión, que entre septiembre de 2006 y julio de 2007 trabajó para Bettencourt, de 88 años, desmintió las afirmaciones de la jueza pero dijo que recibió “amenazas de muerte” para no testimoniar. 

La presidencia francesa denunció acusaciones “infundadas, mentirosas y escandalosas”. 

Claro que enormes intereses políticos y económicos se juegan en este caso. 

Liliane Bettencourt es la primera accionista de L'Oreal, joya de la industria francesa y es la tercera fortuna de Francia. 

Su hija, de 57 años, empezó a preocuparse por las donaciones -de hasta 1.000 millones de euros- que su madre le dio a un fotógrafo mundano y escritor, Francois Marie Banier, a quien demandó por abuso de debilidad. 

El diferendo judicial fue solucionado a fines de 2010 aunque las investigaciones en torno al caso ya habían empezado a mostrar vínculos entre los Bettencourt y una parte de la clase política. 

El 12 de julio de 2010 Sarkozy desmintió haber recibido dinero de la rica heredera. “Es una verguenza”, dijo al defenderse de tales acusaciones. 

Sin embargo el caso incomoda lo suficiente al poder como para vigilar las comunicaciones telefónicas de un periodista del diario Le Monde, Gérard Davet, que investigaba sobre el caso Bettencourt y sobre su fuente, un alto funcionaro del ministerio de Justicia. 

Le Monde, que en 2010 presentó una demanda por ese motivo, anunció esta semana que los servicios de contraespionaje examinaron los llamados telefónicos de uno de sus periodistas para identificar sus fuentes, una práctica ilegal que el ministerio del Interior confirmó y que podría desembocar en la inculpación de responsables de esa cartera. 

El diario afirma que la jueza Sylvie Zimmerman tiene pruebas de que la Dirección Central de Inteligencia Interior (DCRI) pidió las facturas detalladas con los llamados que ese periodista hizo en julio de 2010. 

El ministro del Interior, Claude Gueant, cercano a Sarkozy, reconoció que se efectuaron “localizaciones de comunicaciones telefónicas” pero dijo que no eso no es lo mismo que “escuchas” telefónicas. Aseguró que se trataba de identificar la fuente pero no vigilar al periodista. 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció esas “localizaciones” y Le Monde -y la oposición socialista- las calificaron directamente de “asunto de Estado”, al punto de que el periódico sospecha de “la existencia de un 'gabinete oculto' en la cúpula del ejecutivo” francés.

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