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En Perú la criticada ley de "amnistía disfrazada" duró sólo 13 días

La decisión del Congreso peruano de derogar una ley promulgada hace apenas 13 días y que beneficiaba a militares juzgados por crímenes de lesa humanidad, dejó mal parado al Gobierno de Alan García, mientras que defensores de la misma anunciaron este miércoles nuevas iniciativas a favor de los procesados.

En la noche del martes, el Congreso derogó por 90 votos contra 1 un decreto legislativo que proponía dejar en libertad a los militares presos que estén más de 36 meses en prisión sin ser sentenciados.

El único voto en contra fue el del congresista y vicepresidente del país, Luis Giampietri, un vicealmirante en retiro bajo investigación por una matanza de presos de la agrupación maoísta Sendero Luminoso en 1986, durante el primer gobierno de García (1985-1990).

Durante casi dos semanas el decreto 1097 desató una tormenta política con cuestionamientos de organismos peruanos e internacionales, que la calificaron como "ley de impunidad" y de ser una "amnistía encubierta".

Factor determinante fue una carta del escritor peruano Mario Vargas Llosa al presidente García en que denunciaba que esa ley significa una "amnistía apenas disfrazada" y que mediante una "triquiñuela jurídica" se abriría "la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron delitos horrendos".

Tal avalancha obligó a García a retroceder y pedir su derogación en el más breve plazo.

Giampietri criticó la derogatoria. "El Perú tiene que entender que aquellos que luchamos contra la subversión lo hicimos para defender la democracia", dijo al anunciar que tratará de presentar una propuesta legislativa para solucionar el problema de los militares que permanecen en la cárcel por años sin sentencia.

"Yo soy parte de los que han sido acusados. Lo que estamos pidiendo es que haya juicios justos en el tiempo debido; no hay derecho que uno tenga 24 años esperando que algún juez tome la decisión", dijo.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Rolando Souza, de la bancada del expresidente Alberto Fujimori (condenado a 25 años de cárcel por violación de DDHH), dijo que elaborará un proyecto para "proteger los derechos de los militares y policías que sufren cárcel injustamente".

En la orilla opuesta, Ronald Gamarra, director de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, calificó de acertada la abolición del decreto 1097. "Ahora se garantiza el correcto cumplimiento de la justicia porque en una democracia le corresponde al Poder Judicial investigar, juzgar y decidir, sea sancionando o absolviendo, a quienes se les imputa un crimen", dijo.

El anulado decreto planteaba archivar los procesos por exceso en el plazo de investigación, lo cual beneficiaba a militares y policías procesados por violación de derechos humanos.

La polémica por el decreto significó un grave daño a la imagen de Perú en el exterior, opinó el analista e historiador Nelson Manrique quien dijo a la AFP que "hay un costo político muy elevado que le pasará factura al gobierno que se vio obligado a retroceder".

La sensación de que el gobierno quedó mal parado la graficó el analista Augusto Alvarez quien escribió en el diario La República que el país vivió "una grave crisis política" que reveló un "gobierno que es chambón en la forma e indecente y poco democrático en el fondo".

La tarde de este miércoles un tribunal rechazó un pedido de 21 militares acusados de violaciones a los derechos humanos que la semana pasada habían pedido acogerse al derogado decreto.

El tribunal declaró "inaplicable" el pedido por considerar que generaría una grave contradicción con acuerdos suscritos por Perú con organismos internacionales de derechos humanos.

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