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España pide explicaciones a El Salvador en caso de jesuitas

La justicia española pidió a las autoridades de El Salvador que aclaren la situación de los militares supuestamente detenidos por la matanza de jesuitas en 1989, informó el jueves la Audiencia Nacional

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador denegó el miércoles al juez español Eloy Velasco, que instruye el caso, el pedido de capturar a nueve militares retirados salvadoreños presuntamente implicados en la matanza de los sacerdotes. Además, la Corte señaló que el país ibérico no había solicitado la extradición. 

Sin embargo, el juzgado de Velasco aseguró no tener constancia de tales detenciones y a través del Ministerio de Justicia español envió un documento oficial a El Salvador para que aclare los últimos acontecimientos. 

En el documento, Velasco pide que se clarifique “la situación jurídica de los nueve militares procesados, si están en situación de detención preventiva y, de estar detenidos, en qué lugar y bajo la autoridad de qué juez”. 

El magistrado también preguntó a la Corte Suprema de El Salvador si ha iniciado o no el proceso de extradición. 

Sobre la extradición, un portavoz de la Audiencia Nacional explicó a The Associated Press que las órdenes internacionales de captura a través de Interpol se cursan a “fines de extradición”. Pero precisó que no se puede tramitar formalmente dicha extradición si el juzgado no está informado de que el sospechoso está bajo custodia. 

El portavoz habló bajo condición de guardar el anonimato, de acuerdo con las políticas del departamento. 

Seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos empleadas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados del ejército durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en plena guerra civil en El Salvador. 

En un primer momento, el gobierno salvadoreño intentó culpar a los rebeldes del asesinato. Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados de varios tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

Algunos de los militares acusados de pepetrar la matanza fueron juzgados en 1991, pero la mayoría resultaron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso que ahora ha reabierto España

Velasco pidió la detención de hasta 20 militares salvadoreños en mayo, imputándoles varios delitos de asesinato terrorista y uno de crimen de lesa humanidad. 

El auto de procesamiento culminaba dos años de una larga investgación que inició tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas. 

Para Velasco, la responsabilidad penal de los acusados no está extinguida a pesar de la amnistía.

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