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Fiscalía española pide extradición de Venezuela de presunto etarra

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La fiscalía española solicitó ayer la extradición de Arturo Cubillas, residente en Venezuela y presunto funcionario del Gobierno de ese país, acusado de colaborar con el grupo separatista vasco ETA, en un nuevo episodio judicial que amenaza con tensar la relación bilateral.

La petición se dirige al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que deberá decidir en los próximos días si propone la demanda de extradición al gobierno español, encargado en última instancia de pedirla a las autoridades venezolanas.
“En cuanto el juez solicite la extradición, el gobierno la tramitará inmediatamente”, dijo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En el sumario abierto por Velasco en marzo, Cubillas figura como el intermediario en la alianza entre ETA y la guerrilla colombiana de las Farc, bajo el supuesto amparo del presidente Hugo Chávez. El mandatario venezolano siempre ha negado esa relación.
Recientemente, dos etarras detenidos en el País Vasco aseguraron que Cubillas organizó un curso sobre manejo de armas en Venezuela en 2008.

CARGO ADMINISTRATIVO
El escrito de dos páginas de la fiscalía, al que tuvo acceso The Associated Press, asegura que Cubillas mantiene desde 2007 un cargo en la administración venezolana, como jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras. En otras ocasiones, Cubillas, que llegó a Venezuela en los años 80 junto a otros 30 activistas vascos como refugiado político, ha sido señalado como ex funcionario del Gobierno de Chávez.
La fiscalía sostiene que Cubillas está acusado de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y de conspiración para cometer homicidios terroristas. El escrito recuerda que una orden internacional de búsqueda y captura pende sobre Cubillas y que los delitos son susceptibles de extradición a España.
La fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz anunció la semana pasada que Cubillas será investigado, pero no extraditado, ya que posee la nacionalidad venezolana.
En ese sentido, las autoridades españolas señalaron que la nacionalidad venezolana “no es un obstáculo para la concesión de la extradición”. La fiscalía admitió que Venezuela no está obligada a extraditar a sus ciudadanos a España, pero subrayó que sí debe “cumplir el compromiso de perseguir tan graves actos criminales” en virtud del tratado bilateral entre ambos países.

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