Un pelotón de fusilamiento ejecutó a un prisionero en Utah, la primera vez en 14 años que el estado emplea ese mecanismo para ultimar a un reo condenado a muerte. Ronnie Lee Gardner murió al ser impactado por una lluvia de balas en las primeras horas del viernes. Poco antes de la ejecución, el prisionero fue amarrado a una silla y un equipo de cinco hombres enmascarados apuntaron sus rifles hacia un tiro al blanco prendido con un alfiler sobre su corazón. A las 12:20 a.m. se declaró que el reo había muerto. Gardner fue el tercer hom-bre ejecutado por un pelotón en Estados Unidos desde que la Suprema Corte reinstaurara la pena capital en 1976. Aun-que Utah modificó su ley sobre la pena de muerte en 2004 para que la inyección letal se convirtiera en el método oficial, nueve reos sentenciados antes de esa fecha, incluyendo a Gardner, pueden optar por el método de fusilamiento. En abril, Gardner le dijo con toda educación al juez “me gustaría el pelotón de fu-silamiento, por favor”. Su abogado dijo que la decisión fue tomada por su preferencia, no por el deseo de avergonzar al estado o atraer atención a su caso. Un método barbárico Algunos denunciaron el método de ejecución como barbárico, y una docena de familiares de Gardner realiza-ron una vigilia a las afueras de la prisión mientras el reo era fusilado. No hubo protestas en la prisión. Los cinco hombres que le dispararon a Gardner permanecieron en el anonimato. Son policías que se ofrecieron vo-luntariamente a llevar a cabo la sentencia a muerte. La causa Gardner, de 49 años, fue sentenciado a la pena máxima en 1985 por dispararle a muerte al abogado Mi-chael Burdell en plena corte durante un intento de fuga. Gardner se en-contraba en la corte porque enfren-taba un cargo por asesinato de 1984 por la muerte a tiros del cantinero Melvyn Otterstrom. Abogado apeló sin éxito Gardner y su abogado pelearon hasta el final para detener la ejecu-ción. Introdujeron peticiones en cortes estatales y federales, le pidieron al Consejo de Libertad Condicional que cambiara su sentencia a condena perpetua sin oportunidad de libertad condicional y, finalmente, intentaron sin éxito apelar ante el gobernador de Utah, Gary Herbert, y la Corte Suprema.
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