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Gobierno boliviano evoca una ruptura institucional por motín policial

El gobierno de Bolivia advirtió este sábado sobre una posible "ruptura institucional" como resultado del motín que protagonizan policías de bajo rango en todo el país por reclamos salariales, en medio de un diálogo que no ha logrado dar soluciones al conflicto.

Los policías, que tomaron entre el jueves y viernes más de 20 cuarteles y comandancias regionales en todo el país y saquearon oficinas policiales, a una cuadra del despacho del presidente Evo Morales, mantienen en jaque al poder Ejecutivo.

Para desactivar las protestas, que dejaron varias ciudades de Bolivia sin protección policial en las calles, el poder Ejecutivo se vio obligado a dialogar con el sindicato de sargentos y cabos amotinados a través del ministro de Interior, Carlos Romero.

"Esta crisis de la Policía tiene dos caminos de solución: el camino del diálogo, de la concertación o el camino de la confrontación, la violencia, la ruptura institucional y la ruptura democrática ... estamos preservando el primer camino", señaló Romero.

El ministro llamó "a los policías para que se preserve el camino de la institucionalidad y del diálogo y se neutralice el camino de la confrontación, de la provocación y el vandalismo, porque hay elementos que quieren llevar a ese escenario".

Romero fue más cauto que su par de Comunicación, Amanda Dávila, quien alertó que "los informes de prensa y los informes de inteligencia (del gobierno), en este momento, están diciendo que se está configurando un escenario de golpe" de Estado.

"Lo que nos llama la atención es que los policías estén metiendo armas en unidades policiales donde no existían, estén presionando a otras unidades para que las armas sean entregadas y que esto esté sucediendo en el país", explicó.

Aseguró que "grupos pequeños" de oposición buscan crear un clima adverso al gobierno, aprovechando la llegada el martes a La Paz de una marcha de indígenas que caminaron 600 km desde la Amazonia, en rechazo a una carretera en el centro del país.

"Es totalmente mentira" la versión del golpe, respondió por separado el sargento Javier Quispe, miembro del sindicato de policías subalternos. "Queremos desmentir a la opinión pública de que no es así, esta es una demanda justa para un salario digno", acotó.

La denuncia gubernamental surgió un día después de que el Senado de Paraguay destituyera a Fernando Lugo del cargo de presidente, acusándolo de "mal desempeño de sus funciones".

Bolivia "no reconocerá un gobierno que no surja de las urnas y el mandato del pueblo", reaccionó Morales. "El golpe congresal" en Paraguay fue "producto de una acción política barajada por los neoliberales coludidos con los terratenientes locales y el imperio a la distancia", añadió.

El viernes la violencia subió de nivel con el saqueo de dos oficinas policiales, a una cuadra de la plaza de Armas, donde el presidente Morales tiene su despacho. Los saqueos se reprodujeron en dos ciudades del interior.

Los policías reclaman elevar el salario mínimo a 2.000 bolivianos (287 dólares, un 70% más que sus actuales ingresos), jubilarse con 100% de sus salarios, anular una ley que les prohíbe hacer declaraciones públicas, así como un 'defensor del policía'.

Como fórmula de solución, el presidente Evo Morales, apareció públicamente en un acto para plantear que parte de los impuestos que genera la venta de gas para los municipios -que en total alcanza a 744 millones de dólares al año- vaya a la Policía.

El gobierno también anunció que los militares saldrán a patrullar las calles en la noche, ante la ausencia policial.

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