Gobierno boliviano no logra entrar a zona donde lincharon a cuatro policías

El gobierno del presidente Evo Morales seguía ayer en procura de un acuerdo con los habitantes de un poblado campesino de los Andes bolivianos, que el domingo pasado lincharon a cuatro policías y ahora se niegan a devolver los cadáveres y reconocer la autoridad del Estado. Una comisión de ministros, junto al defensor del Pueblo, Rolando Villena, se reunió el lunes con los dirigentes de la población de Uncía en la región de Potosí (suroeste), donde los campesinos mataron a los uniformados acusándolos de ladrones, según admitieron los propios indígenas. “Hemos hecho una exigencia de que esos cuerpos tienen que ser devueltos”, afirmó en las últimas horas a medios locales el ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, uno de los negociadores, luego de infructuosas gestiones para recuperar los restos. El tema es analizado por el presidente Evo Morales y sus colaboradores, según reveló a la AFP una fuente del Ministerio de Gobierno que requirió el anonimato. RETIRAN A LA POLICÍA Por razones de seguridad, la policía ha sido retirada de Uncía, 340 km al sur de La Paz, luego de que se produjeran los incidentes. Además, la oficina de la Fiscalía está cerrada y sólo un sacerdote de la parroquia local realiza la labor de mediador entre los lugareños, el gobierno y los familiares, que exigen los cuerpos de los cuatro victimados. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, explicó a la AFP que el delito ocurrido en Uncía se debe a que “la presencia del Estado es débil y simbólica”. Agregó que “llama la atención que la oficina de la Fiscalía esté cerrada”, sumado a la “deficiencia de (las labores de) la Policía”. Miles de indígenas controlan las vías de ingreso a Uncía desde hace una semana, para evitar la presencia de efectivos policiales, quienes, según la citada fuente gubernamental, “fueron retiraros del lugar por medidas de seguridad” hacia el poblado vecino de Llallagua, con el fin de evitar un choque. El senador del partido opositor Convergencia, Gérman Antelo, urgió al gobierno a aclarar los incidentes, pues “éste podría repetirse en otros lugares y esto sería grave”. RITUAL La matanza de policías no sólo puso de relieve la ausencia del Estado en el lugar, sino un llamativo ritual de los campesinos quechuas al momento de enterrar las víctimas en tres poblaciones diferentes y vecinas. Villena, que estuvo hasta el martes en Uncía buscando convencer a los lugareños para que devuelvan los cuerpos, dijo que éstos le señalaron que los enterraron boca abajo, siguiendo una creencia de que de esta manera evitan que sus espíritus persigan a sus asesinos. “Los han enterrado boca abajo como es la costumbre, para que la persona que ha sufrido esta atrocidad no vea a sus víctimas”, explicó el funcionario estatal. La imposibilidad de recuperar a los muertos ha puesto a sus familiares en un estado de desesperación e incluso ellos han aceptado desistir cualquier acción judicial investigativa, con tal de que los campesinos devuelvan los cadáveres. “Hemos manifestado la intención expresa de renunciar a todas las acciones legales en contra de autores de la muerte de los cuatro policías, para poder recuperar los cuatro cuerpos”, declaró a la AFP el abogado Johnny Castelú, quien representa a los familiares de los policías asesinados. No obstante, los campesinos exigen que la Fiscalía también desista de investigar y castigar a los responsables del asesinato, una demanda que las autoridades han descartado. Según la Policía Nacional, los cuatro agentes llegaron al pueblo investigando un caso de contrabando de automóviles, mientras que los pobladores indican que éstos los extorsionaban, razón por la cual los asesinaron.