Gobierno venezolano indaga presuntos malos tratos a presos en una cárcel

El gobierno venezolano inició una investigación sobre presuntos malos tratos a presos por parte de los custodios de un penal del país, informó el viernes a la AFP el ministerio de Asuntos Penitenciarios, tras la denuncia y la difusión de un video por parte de una ONG.
"Estamos investigando este hecho, que repudiamos totalmente. Vamos a determinar el lugar, el día y quiénes son los responsables" de la agresión contra los reos, dijo el jefe de prensa del ministerio, Francisco Solórzano.
La investigación se inició luego de que la organización Una Ventana a la Libertad -que vela por los derechos humanos de los presos- difundiera un video en el que supuestos custodios de la prisión Santa Ana en la ciudad de Coro (estado Falcón, noroeste), aparecen golpeando con un bate en los glúteos a los reos, quienes están desnudos y apoyados contra una pared en un patio.
Según Solórzano, "no hay pruebas" de que la agresión ocurriera en ese penal, aunque destacó que la ministra del ramo, Iris Varela, "ha repudiado totalmente" el hecho y advirtió que las "consecuencias las pagarán los responsables".
Una Ventana a la Libertad denunció la agresión ante la Fiscalía y solicitó al organismo "garantizar una investigación expedita y transparente".
La organización sostiene que desde hace unos meses los prisioneros de esa cárcel son "sometidos a maltratos y torturas" por parte de funcionarios del ministerio de Asuntos Penitenciarios en "retaliación y reprimenda a los justos reclamos que hacen sus familiares por las condiciones (en) que allí viven" los reos.
Las prisiones de Venezuela están afectadas por un alto nivel de hacinamiento, insalubridad y violencia entre presos. Cifras oficiales señalan que hay casi 50.000 reclusos, pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para unos 14.000.
En octubre, el gobierno ordenó cerrar otra prisión en Coro al considerar que carecía de condiciones para que permanecieran los presos y el presidente Hugo Chávez decretó el estado de "emergencia en infraestructura" de las cárceles del país.