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Gremios en Panamá expresan preocupación por condena a periodistas

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Gremios de prensa expresaron el miércoles su preocupación por un fallo que multó con 6.000 dólares y los inhabilitó por un año para ejercer la profesión en un caso contra el honor de funcionarios.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, en un fallo del 27 de septiembre pero conocido el lunes, condenó a la directora de noticias del canal privado TVN2, Sabrina Bacal, y a su entonces reportero Justino González, a dos años de prisión sustituidos con el pago de una multa económica y la inhabilitación para ejercer.

“Es un fallo sin precedentes en la historia política y jurídica del país, ni siquiera en la época de la dictadura militar (1968-1989) (se condenó) a dos periodistas (de esa manera) por un delito que no cometieron”, manifestó en rueda de prensa Guido Rodríguez, quien preside el Forum de Periodistas y dirige el diario Panamá América.

Ricardo Lombana, presidente del Comité de Etica del Consejo de Periodismo, calificó el falló como un golpe “contra la libertad de expresión y el ejercicio de los periodistas” en Panamá.

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas, indicó en declaraciones publicadas por la edición digital del diario La Prensa que en ese caso hubo independencia judicial y criterios. “Se trata de temas de la justicia que tienen que ser respetados”, expresó .

Salas respondió a los medios que el caso fue examinado por “magistrados serios”.

El fallo revocó dos resoluciones absolutorias emitidas previamente por dos juzgados de lo penal en relación con el proceso iniciado contra el honor por dos ex funcionarios tras la divulgación en el canal televisivo de una noticia basada en la investigación del Consejo Nacional de Seguridad sobre una supuesta red de tráfico ilegal de personas en la Dirección de Migración. La nota se difundió el 29 de septiembre de 2005.

“Publicar información sobre la investigación en curso contra un servidor público no puede ser considerado una calumnia. Es un derecho de la población a estar informada y un derecho de los periodistas a difundir esa información”, planteó Rodríguez.

“Peor aún (inhabilitarlos) viola flagrantemente el derecho al trabajo” y va en contra de los avances en materia de libertad de expresión alcanzados en el país los últimos años, añadió.

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli evitó referirse al fallo con el argumento de que respeta la “separación de poderes”, aunque dijo en un comunicado que reitera “su respaldo inquebrantable al ejercicio sin cortapisas del periodismo”.

El fallo también fue cuestionado por el Colegio de Periodistas y la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá. En este país se dejó de penalizar los casos de calumnia e injuria en 2008.

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