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Grupo de derechos pide protección para activista en Venezuela

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Human Rights Watch (HRW) dijo que el gobierno de Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que exige a las autoridades venezolanas que protejan a Humberto Prado de posibles ataques luego de que el activista ha recibido numerosas amenazas anónimas. 

Como director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Prado provocó el enfado de varios funcionarios al criticar el manejo de motines organizados por presos armados en dos cárceles. 

Prado dijo que recibió amenazas luego de condenar la enérgica respuesta del gobierno a los conflictos que duraron semanas en la prisión de El Rodeo I, y la prisión adyacente Rodeo II en junio. 

“El gobierno venezolano debería adoptar pronto medidas concretas para acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo en un comunicado HRW. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le había dicho a Venezuela en 2009 que protegiera a Prado. 

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, criticó enérgicamente a las autoridades por condenar a Prado por hacer una evaluación negativa a los esfuerzos del gobierno para tranquilizar los penales mediante el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para retomar el control de las prisiones, un movimiento que desató tiroteos mortales contra los presos amotinados. 

“La hostilidad directa por parte de funcionarios de alto nivel contra defensores de derechos humanos es absolutamente inaceptable”, dijo Vivanco en un comunicado. “En lugar de cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno debería asegurar que los defensores puedan trabajar sin temor a sufrir represalias”. 

El ministro de Justicia Tarek El Aissami ha acusado a Prado de provocar violencia en las notoriamente peligrosas prisiones del país. 

El año pasado, 476 personas murieron y 967 quedaron heridas en hechos de violencia en las prisiones, de acuerdo con cifras compiladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

A su llegada a Venezuela tras un viaje a Europa el año pasado, Prado recibió un mensaje anónimo de correo electrónico que incluía lo que parecía ser un documento de la Fiscalía General de la República que señalaba que se encontraba bajo investigación por su presunta participación en actos no específicos que constituirían “traición” e “instigación a cometer delitos”, dijo Human Rights Watch a través de un comunicado. 

Prado huyó de Venezuela el 27 de junio, de acuerdo a la organización no gubernamental. 

El activista no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes en correo electrónico enviados el lunes por The Associated Press en busca de comentarios. 

Human Rights Watch dijo que un grupo no identificado de personas a bordo de motocicletas acudió a casa de Prado una semana después de que abandonara el país y preguntó al portero si aún vivía ahí. En otra ocasión, tras la salida de Prado de Venezuela, un grupo de mujeres uniformadas, al parecer de la Guardia Nacional, preguntó si el apartamento del activista estaba disponible para renta, dijo la organización de derechos humanos. 

Human Rights Watch dijo en su comunicado que Prado “interpretó estas visitas como amenazas y por ello decidió que su familia también saliera de Venezuela”.

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