Honduras se compromete ante la ONU a proteger a los periodistas

Honduras se comprometió a proteger a los periodistas, ante el reclamo de varios países para que investigue el asesinato de siete reporteros, al presentarse ayer lunes en Ginebra el informe escrito del Examen Periódico Universal (EPU) previsto por la ONU. En el informe --que completa el oral presentado el jueves pasado-- Honduras dice que ya comenzó a "mejorar la seguridad de los periodistas" y que se está realizando "una investigación independiente y creíble sobre la muerte de siete periodistas y amenazas contra varios otros que se produjeron en 2010". Agrega que "los autores de esos actos condenables" serán llevados ante la justicia, tal como recomendaran Francia, España, México, Austria y Alemania. Honduras asegura que se respeta la libertad de expresión y de prensa, el acceso a la información pública, de modo que "la oposición política" puede "expresar sus opiniones (...) y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia contra periodistas", en respuesta a inquietudes de Chile, Perú, Suecia, Australia y República Checa. El Examen Periódico Universal (EPU), obligatorio cada cuatro años para los 192 Estados miembros de la ONU, consiste en un debate entre representantes de los gobiernos sobre la base de un informe del país examinado y otros dos con información de órganos de Naciones Unidas, que incluyen denuncias de las ONG. Cuba, Venezuela y Bolivia, en señal de repudio al actual gobierno de Porfirio Lobo, boicotearon el examen, mientras que Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay, con diferentes matices, tomaron distancias de ese gobierno, aprovechando la ocasión para pedir investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en torno al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Las conclusiones escritas del examen, conocidas este lunes, dan cuenta también de que Honduras está de acuerdo en aplicar medidas "de urgencia para poner fin a la detención arbitraria, la tortura y los centros ilegales de detención", y "establecer un mecanismo de control de la legalidad de los arrestos y detenciones", como requirieran Argentina y Haití. Honduras indica su intención de esclarecer y castigar las muertes violentas, el uso ilegal de la fuerza, intimidaciones y abusos contra menores, mujeres y homosexuales, tal como le exigieran Uruguay, Irlanda, Estados Unidos, Tailandia, Azerbaiyán, Japón, Canadá, Brasil y Costa Rica. A su vez, Honduras aceptó la necesidad de erradicar la trata de personas y la explotación sexual, objeto de demandas pronunciadas por Ecuador, Francia, Japón, Azerbaiyán, Alemania, Uruguay e Italia. Honduras asegura que respeta la independencia del poder judicial, oponiéndose a la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos y "a todo acto de intimidación o injustificados procedimientos disciplinarios contra los jueces críticos del golpe de Estado", en línea con las peticiones de Ghana, Eslovenia, Hungría, Reino Unido, Nigeria, Polonia, Eslovaquia y Suiza. Ante los planteos del Vaticano, Honduras dice estar dispuesta a brindar una mejor asistencia a los pueblos indígenas y afro-hondureños, y a "abordar las causas profundas de la pobreza, el desempleo y la falta de educación, en particular las que afectan a los niños y jóvenes, lo que ayudaría a combatir la violencia y el crimen organizado".