Los italianos se pronunciarán el domingo y lunes sobre el regreso a la energía nuclear, la privatización del agua y la inmunidad penal para Silvio Berlusconi, una consulta que se convirtió en un nueva prueba política para el multimillonario jefe de gobierno.
El gobierno de derecha intentó evitar la consulta popular con todos los medios posibles y llegó a aprobar inclusive un decreto ley que suspendía el programa de construcción de centrales nucleares durante dos años para impedir la realización del referendo.
El reto para los organizadores es alcanzar una participación del 50% más un voto del electorado para que el referéndum sea válido, como previsto por la Constitución.
Desde 1995 ninguna consulta popular con ese carácter ha superado ese nivel, por lo que el gobierno cuenta con la indiferencia y el clima primaveral, de vacaciones, para que el referéndum fracase.
“El gobierno de derecha ha hecho de todo para impedir el referéndum”, denunció a la AFP Antonio Borghesi, portavoz de Italia de los Valores, el partido que promovió la realización de la consulta apoyado por asociaciones ecologistas y el Partido Democrático (izquierda).
El referendo fue convocado para abrogar la ley que introducía la energía atómica, una de las propuestas emblemáticas del gobierno de derecha.
Italia, uno de los pocos países de Europa sin centrales nucleares por haberlas cerrado hace más de 20 años, había decidido volver a la energía atómica, pero el jefe de gobierno se vio obligado a retirar sus planes tras el enorme rechazo suscitado por el accidente en la central japonesa de Fukushima.
Berlusconi decidió suspender sus planes de construir cuatro centrales nucleares con la esperanza de poder evitar que sean vetados con un referéndum popular y ante el temor de que “se tomen decisiones dictadas por la emoción” tras los accidentes nucleares en Japón, dijo.
La oposición por su parte anima a los italianos a acudir a las urnas para intentar dar una segunda estocada electoral al jefe del Gobierno, tras el duro revés electoral sufrido hace quince días en las elecciones municipales al perder la alcaldía de Milán, uno de sus feudos.
Junto al nuclear y a la privatización del agua, se votará por la abrogación de la ley del Legítimo Impedimento que permite al primer ministro invocar compromisos de gobierno para no acudir a los procesos penales.
Como el primer ministro, la mayoría de los ministros, entre ellos el canciller Franco Frattini, anunciaron que no acudirán a las urnas, porque se convirtió en una consulta “a favor o contra” Berlusconi.
Según los sondeos, la tasa de participación es de cerca el 50% y la incertidumbre reina.
Para motivar al elector a participar, los ecologistas organizaron conciertos, espectáculos, manifestaciones y en algunas ciudades, como Nápoles, ofrecen a los italianos que acaban de votar una silla de playa gratuita.
Cerca de 47,2 millones de italianos son llamados a participar, a los que hay que sumar los 3,2 millones de italianos residentes en el extranjero.
Italia de los Valores solicitó a la Corte de Casación que no se tenga en cuenta el voto de los italianos en el exterior, ya que emplearon una papeleta diferente a la empleada en la península.
El asunto desata fuerte controversia porque no se sabe aún si al contarlos aumenta el quórum necesario para dar validez al referéndum.
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