Juez Garzón demanda a la justicia española ante Europa

El magistrado está procesado, y a la espera de juicio, por una presunta prevaricación -el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta- por su fallida investigación de los crímenes de la guerra civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco. 
Como resultado, Garzón fue apartado temporalmente de sus funciones a la esperar de la resolución del caso y actualmente trabaja como asesor para la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya. 
En la demanda contra el Tribunal Supremo español, remitida el jueves al Tribunal de Estrasburgo, se argumenta que el proceso ataca o perjudica la independencia de los jueces, la libertad de interpretación de la ley y, por tanto, al estado de derecho al dejar indefensas a las víctimas. 
El texto señala que los desaparecidos o fusilados durante la guerra (1936-1939) y el franquismo (1939-1975), que Garzón cifró en unos 100.000, son crímenes contra la humanidad. Es decir, se trata de delitos que no prescribieron al amparo de la ley de amnistía promulgada en 1977 tras la muerte del dictador. 
Además, los abogados del juez español aseguran que un magistrado no puede ser sancionado por su forma de interpretar de ley. 
Garzón está representado en el caso por el grupo Interights, con sede en Londres, especializado en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos.