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Juez Garzón se sentará en el banquillo de los acusados

El juez Baltasar Garzón será juzgado por excederse presuntamente en sus competencias legales al abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo, según un auto hecho público el miércoles por el Tribunal Supremo español.

El magistrado del Supremo Luciano Varela, que instruye la compleja causa de Garzón, dio el paso para juzgar al juez por prevaricación, el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta.
En cuestión de días, Garzón será suspendido de sus funciones y apartado de la carrera judicial tras más de 20 años de servicio en la Audiencia Nacional, según explicó a The Associated Press su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda.

AL BANQUILLO
Además, de ser condenado, Garzón se enfrentaría un periodo que oscila entre los 10 y los 20 años de inhabilitación. A sus 54 años, una pena de estas características pondría punto final a la carrera del juez más famoso y mediático de España.
En un auto de 14 páginas, Varela concedió un plazo de 10 días a la Fiscalía y a la parte acusadora, que encabeza el sindicato conservador Manos Limpias, para presentar un escrito solicitando la apertura de juicio.
Además, denegó el testimonio de reputados juristas internacionales solicitado por Garzón para que testificasen a su favor. Entre ellos se encontraban jueces de Chile y Argentina que trabajaron con el magistrado español en el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet y en el de las desapariciones de la dictadura militar argentina.
Aunque Garzón, que siempre ha negado las acusaciones, dispone de un último recurso, Varela los ha rechazado todos hasta la fecha.
Martínez-Fresnada precisó que a falta de los escritos de las partes, el auto supone una acusación formal de prevaricación, aunque en su opinión la apertura de la vista no se producirá al menos hasta junio.

INSÓLITO

Algunos organismos como Amnistía Internacional, que han respaldado la labor de Garzón en la persecución de los delitos de lesa humanidad en todo el mundo, calificaron la resolución de “insólita”.
Varela había retomado el caso después de que una sala de cinco jueces del Supremo rechazara a finales de marzo el archivo de la investigación. Al igual que hiciera en un primer auto en febrero, el magistrado instructor volvió a subrayar su convencimiento de que Garzón se extralimitó en su fallido intento por investigar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
“Consciente (Garzón) de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento, construyó una artificiosa para argumentación para justificar su control”, afirmó Varela.
En mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella por prevaricación presentada por el sindicato conservador de funcionarios Manos Limpias por la causa contra el franquismo, que Garzón abrió y se vio obligado a cerrar en 2008. Garzón testificó a puerta cerrada, negó mala praxis e intentó pedir el archivo del caso en sucesivos recursos que han fracasado uno tras otro.
Después de la resolución del miércoles, esta compleja y enrevesada investigación está a punto de acabar con la carrera de Garzón.

Consciente de que la suerte estaba prácticamente echada, el juez español, que no suele prodigarse en declaraciones a los medios, quiso proclamar públicamente su inocencia.
“Seguiré defendiendo mi inocencia absoluta”, dijo Garzón hace apenas dos semanas. “Soy juez porque es mi vocación y quiero ejercer mi trabajo. Si no toca estar, lo asumiré y me defenderé”.

LAS INVESTIGACIONES

En la investigación del franquismo, Garzón consideró que las desapariciones y detenciones sistemáticas de los opositores del bando republicano al régimen franquista constituían un delito de crímenes contra la humanidad.
Además, ordenó abrir una veintena de fosas comunes en las que se encuentran enterradas víctimas de la dictadura y la guerra civil. Según dijo Garzón, hasta 114.000 personas permanecen desaparecidas o enterradas en fosas comunes desde aquellos años.
Sin embargo, la Fiscalía rebatió los argumentos del juez, asegurando que los delitos mencionados por Garzón prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía promulgada para restañar las heridas de la dictadura en 1977, dos años después de la muerte de Franco. Casi sin apoyos, el juez aceptó a regañadientes que no tenía competencia para seguir adelante y dejó el asunto de la exhumación de cadáveres y las fosas en manos de tribunales regionales.
Azote judicial del grupo separatista vasco ETA y representante de la llamada justicia universal en delitos de crímenes contra la humanidad, el futuro de Garzón pende actualmente de un hilo. Además del caso por prevaricación, el Supremo investiga otras dos causas contra el juez que todavía están en proceso de estudio.
Garzón ha ocupado las portadas de medio mundo con la investigación de Pinochet o las que quiso abrir contra Osama bin-Laden y la prisión estadounidense de Guantánamo, pero en España su figura es una de las más polémicas.
Apoyado por partidos y grupos de izquierda, su figura ha sido defendida públicamente por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero los sectores más conservadores de la derecha le han declarado su principal enemigo público.
Garzón ha esquivado durante los últimos años numerosas querellas de sindicatos como Manos Limpias, muy molestos con los procedimientos judiciales del magistrado.
Pero el problema no es sólo de índole política. Su perfil internacional ha levantado numerosos recelos entre sus compañeros de la magistratura, que no le perdonan el excesivo protagonismo de quien la prensa española bautizó como “juez estrella”.
“La extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura”, dijo hace unos meses Carlos Jiménez Villarejo, un conocido ex fiscal español.
La izquierda política y judicial lleva meses movilizándose en defensa de Garzón, pero todos los indicios apuntan a que su futuro profesional se encuentra atrapado en un callejón sin salida.

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