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Justicia española archiva caso de corrupción contra Baltasar Garzón

La justicia española, que la semana pasada condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por haber ordenado escuchas ilegales durante una investigación, archivó el lunes otro caso contra el magistrado, éste por presunta corrupción. 

El juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, había sido acusado de corrupción tras desestimar una querella contra un banco español que, junto a otras empresas, había financiado unos cursos que éste impartió en Nueva York. 

Pese a considerar que existían indicios de delito, el juez instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena decidió archivar el caso por “prescripción de los hechos imputados”

Cinco grandes empresas españolas -BSCH (actual Banco Santander), BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa- patrocinaron una serie de conferencias que el magistrado español impartió en 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York. 

“El querellado contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de sus cursos”, subrayó el instructor, precisando que la suma ascendió a casi 1,24 millones de dólares. 

Cuatro de estas empresas “tenían en común haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos” en la Audiencia Nacional, principal instancia penal española en la que Garzón era juez, agregó. 

No obstante, el juez dio la razón a la defensa y a la fiscalía, quienes defendían la prescripción de los hechos dado que el último patrocinio fue cobrado en mayo de 2006 y la querella presentada en junio de 2009, es decir más de tres años después. 

La acusación pedía cinco años de prisión y 30 de inhabilitación, para Garzón, de 56 años, que el pasado jueves ya había sido expulsado de la carrera judicial. 

El Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por estimar que vulneró el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España. 

El juez está a la espera de otra sentencia, en un controvertido juicio que despertó gran expectación dentro y fuera de España, por haber querido investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) pese a una ley de Amnistía. 

De ser declarado culpable, el magistrado puede ser condenado a hasta 20 años más de inhabilitación. 

La coincidencia de estas tres causas llevó a sus partidarios a denunciar una maniobra política contra un magistrado que investigó cuestiones delicadas y mediáticas que le valieron el calificativo de “juez estrella”. 

El domingo, cientos de manifestantes volvieron a congregarse frente al Tribunal Supremo, en Madrid, para denunciar lo que consideran una “persecución”. 

“Es el único juez que se ha atrevido a abrir procesos sobre temas que eran políticamente incorrectos”, fustigaba Manuel Melero, de 47 años, mientras a su alrededor los manifestantes enarbolaban pancartas en las que se leía “íQué vergüenza!”. 

Tras conocerse su inhabilitación el jueves, el juez Garzón denunció una “vulneración sistemática” de sus derechos y anunció que acudirá al Tribunal Constitucional español y en su defecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

También la organización humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo anunció el viernes la presentación de un hábeas corpus ante esa corte europea pidiendo “el cese de la arbitraria persecución penal en perjuicio del juez Baltasar Garzón”.



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