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La leva de los carteles amenaza a jóvenes mexicanos, según ONG y familiares

El secuestro de jóvenes para forzarlos a trabajar en los cárteles de la droga se ha convertido en una amenaza para jóvenes de localidades pobres de México, según denuncian adolescentes, familiares de víctimas y organizaciones, sin encontrar eco entre las autoridades. 

“Hace como siete meses, pos a mi sí me levantaron”, cuenta a la AFP un joven de 17 años que solicitó el anonimato. Hombres que viajaban en una camioneta lo encañonaron una noche cuando conversaba con un amigo en Monterrey, norte de México, donde el cártel de Los Zetas controla las actividades delictivas. 

“Yo estaba todo asustado, tiemble y tiemble. No pos, estaba esperando en la iglesia. ¿No ves que traigo la Biblia?”, le dijo a sus captores, que lo liberaron pocas horas después. 

Otros jóvenes de su mismo barrio no corrieron la misma suerte y nunca fueron liberados. Es como si se los hubiera tragado la tierra, nadie pidió rescate por ellos, ni se sabe porque se los llevaron. 

Organizaciones civiles de estados como Coahuila, Nuevo León (norte) y Michoacán (oeste) aseguran que han documentado más de mil desaparecidos en circunstancias similares, sin que puedan precisar cuántos han sido forzados a trabajar con el crimen organizado. 

Las autoridades no parecen llevar registro de estos reclutamientos forzados. La AFP solicitó información a la fiscalía para víctimas de la violencia, pero no obtuvo respuesta. 

La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló hace un año una cifra de 5.000 desaparecidos desde que comenzó la ofensiva militar contra los carteles en diciembre de 2006, pero sin hacer referencia a los reclutamientos forzados. 

La ola de violencia que afecta hace cinco años a México deja -según conteos de prensa- unos 50.000 muertos, incluido un número indeterminado de civiles ajenos al crimen organizado. 

Hasta hace poco tiempo se creía que el narcotráfico se nutría sobre todo de jóvenes que entraban voluntariamente a pandillas. 

Ahora “están siendo secuestrados masivamente”, asegura Carlos Cruz, de 37 años, que tras ser pandillero en los años ochenta y traficar con armas, encabeza desde 2003 la organización Cauce Ciudadano, que asegura ha rescatado a 3.800 jóvenes del mundo del narcotráfico. 

Hombres armados entran en camionetas a barrios marginados “y se levantan de 12 a 15 chavos (jóvenes)”, explicó Cruz a la AFP. 

Una de las “líneas de investigación más fuerte debe ser la del trabajo forzado”, consideró de su lado Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos de Coahuila, un estado donde el cártel de los Zetas secuestra, extorsiona y asesina sin piedad. 

Autoridades estatales y federales se han negado a atender la demanda para investigar, indica la activista. 

De los secuestrados en Coahuila, la mayoría son hombres de 29 años en promedio y entre ellos hay ingenieros, albañiles, arquitectos y técnicos en comunicaciones, además de otros oficios. Sólo en 3 o 4 casos de los 228 documentados en esa región entre 2007 y 2011, los captores intentaron cobrar rescate, sostiene Martínez. 

Un ecuatoriano, único sobreviviente de la masacre en agosto de 2010 de 72 migrantes en un rancho de Tamaulipas (noreste), estado vecino de Coahuila, declaró que la matanza ocurrió luego que las víctimas se negaran a trabajar para Los Zetas, una versión que las autoridades mexicanas dieron por válida. 

El reclutamiento forzado también ha ocurrido en Veracruz, sobre el Golfo de México y al sur de Tamaulipas, según el sacerdote Alejandro Solalinde, activista contra los plagios de migrantes. 

En Guatemala un joven mexicano que dijo haber sido secuestrado en Veracruz y obligado a trabajar con Los Zetas está encarcelado por la masacre que dejó 27 decapitados en Petén en mayo de 2011, indicó Solalinde a la AFP. 

Estos “jóvenes captados por grupos criminales mediante la leva” se convierten de víctimas en victimarios, explicó Carlos Cruz, quien afirma que existen campos a donde son llevados para adiestrarlos en los estados de Zacatecas (norte), operados por los Zetas, y en Sinaloa y Nayarit (noroeste), al mando del cártel de Sinaloa, mientras que en Michoacán el cartel de la Familia los mantiene en búnkers subterráneos. 

En Michoacán, ubicado en el Pacífico, familiares de víctimas hablan con temor por amenazas recibidas de parte de criminales y de la fiscalía estatal. 

“Cuando uno va a denunciar, luego te hablan al celular para decir que no vayas a lloriquear, que tu hijo va a llamar en su momento”, dijo a la AFP un albañil de 55 años, cuyo hijo del mismo oficio desapareció junto a otras dos personas en septiembre de 2010, en la colonia Colinas de Sur de Morelia, capital estatal. 

Desde entonces este padre se reúne en un antiguo edificio del centro de Morelia con otros familiares de desaparecidos para intercambiar información, en una organización a la que han denominado “Hasta Encontrarlos”.

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