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Latinoamérica debilitada y amenazada en DD.HH.

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José Miguel Vivanco, director del continente americano para Human Rights Watch HRW, dijo en conferencia de prensa que estos cinco países muestran distintas maneras de minar los derechos fundamentales, sin determinar cuáles países violan más derechos que otros.

Vivanco dijo que Colombia, si bien se ha producido un cambio de tono con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos, la situación sigue siendo de “gran gravedad” debido a la cantidad de masacres perpetradas y de desplazados, que con cuatro millones colocan a Colombia solamente detrás de Sudán. Todos los grupos armados ilegales siguieron sembrando violencia en 2010.

“El conflicto armado colombiano ha seguido generando graves violaciones por parte de los grupos armados ilegales, incluyendo la guerrilla y los grupos herederos de (las milicias) paramilitares”, decenas de miles de civiles han sido una vez más desplazados por la violencia, mientras “defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, sindicalistas, indígenas y afrocolombianos” han sido blanco de “ataques y amenazas”.      

Destacó que en México las cifras oficiales muestran 35.000 ejecuciones desde que el presidente Felipe Calderón asumió el cargo en 2006, y aunque el gobierno las atribuye en gran parte a los carteles narcotraficantes, “no hay mayores datos, tenemos que asumir que esa es la realidad, de gran violencia”.  

Calificó como “crónico” el problema de abuso policial y ejecuciones extrajudiciales en Brasil, especialmente en Sao Paulo y en el estado de Río de Janeiro, donde según cifras oficiales la policía causó un promedio de tres muertes diarias durante los primeros seis meses del 2010.  

Vio como “precaria” la situación de los derechos humanos en Venezuela, debido al control ejercido por el gobierno sobre el poder judicial y el “consiguiente debilitamiento” de los contrapesos democráticos.

Si bien describió como positiva la liberación de 41 presos políticos cubanos en el 2010, criticó que sólo uno de los liberados tuviera la opción de permanecer en la isla y advirtió que de mantenerse las leyes que criminalizan la disidencia es muy difícil que se produzcan avances significativos en el respeto de los derechos humanos.

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