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Lenta identificación de víctimas de catástrofe carcelaria en Honduras

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Tres contenedores refrigerados transportaron, bajo la discreción de la noche del miércoles, los cadáveres desde la granja-prisión, escenario de una de las mayores catástrofe carcelarias del mundo, hasta la morgue de Tegucigalpa, a 90 km.

Frente a la morgue, en el este de la capital, familiares desesperados aguardaban bajo un sol de plomo la entrega de cuerpos, pero la tarde del jueves solamente tres habían sido identificados.

"Este es un proceso largo, pero tenemos la cooperación de países amigos, llegan expertos, odontólogos, forenses, de Chile, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y otros países", había anticipado el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, que espera la llegada de un delegado de la OEA para formalizar más ayuda.

A la espera del cuerpo de su esposo, Angelina Raudales, de 62 años, clamaba frente a la Morgue por "justicia". "Los guardias los dejaron morir", aseguró a la AFP.

"¿Cómo va a creer usted que se van a morir más de 350 personas, así como así? Es porque los dejaron morir (...) ¿A dónde estaban los guardias que tenían las llaves? Nosotros pagamos sus salarios a esos haraganes", gritó Angelina cuyo esposo estaba detenido hacía seis meses aguardando sentencia.

El presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera, estimó que en el penal apenas el 40% de los 852 reos tenía dictada sentencia, lo cual calificó de "un porcentaje sumamente aceptable" en el sistema judicial de Honduras.

Según registros forenses, la mayoría de los reos fallecidos estaban acusados o condenados por homicidio. Otros, por secuestro, narcotráfico y robo de automóviles o asaltos callejeros.

El fuego estalló poco antes de la medianoche de martes a miércoles y los bomberos demoraron casi tres horas en apagar las llamas. Decenas de cadáveres fueron encontrados abrazados a los barrotes de sus celdas donde murieron tratando de escapar a las llamas y el humo.

Este jueves, a medida que familiares y presos sobrevivientes redoblaban los testimonios perturbadores sobre presunta negligencia o incluso premeditación por parte de las autoridades en el incendio, organismos de derechos humanos exigieron una investigación en profundidad.

Se están "siguiendo varias hipótesis" como la "que (reos) habrían pagado para fugarse y que el incendio tendría una intención de provocar la fuga", dijo el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Andrés Pavón.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) también manifestó su inquietud por una denuncia coincidente de un sujeto que, identificándose como prófugo, llamó a un programa de micrófono abierto y dijo que el fuego fue provocado por la policía para encubrir una fuga planificada.

Interrogado por la AFP, el portavoz de la Policía Nacional, Héctor Mejía, descalificó de plano esa versión ya que "al hacer el inventario se comprobó que no hay ningún prófugo" de la cárcel.

"Tiene que ser alguien que tiene algo contra el director (del penal) o que quiere causar daño a la institución", agregó.

Mejía agregó que la investigación "puede llevar meses" y rechazó también que "haya habido obstrucción o negligencia", pues el ingreso de los bomberos "fue casi de inmediato".

El presidente Porfirio Lobo ordenó el miércoles la separación temporal de sus cargos de los funcionarios responsables del área de prisiones para impedir interferencias en la investigación.

Pero a casi 48 horas del mortífero incendio en la granja penal, que albergaba el doble de los internos previstos, nada se sabe sobre el verdadero origen del siniestro.

Con tapabocas para soportar el olor de la descomposición de los cuerpos, fiscales, policías y bomberos trabajaron este jueves en lo que quedó de la cárcel tratando de detectar si hubo un cortociruito, como indicó una primera versión o si el fuego fue intencional.

Expertos de la Fiscalía se internaron en las celdas que ardieron para buscar "detalles de qué pudo haber dado origen al incendio", por lo que las tareas de remoción de los escombros aún no inicia, dijo a la AFP uno de los miembros de ellos.

Honduras es, según datos de Naciones Unidas, el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 82 casos por cada 100.000 habitantes. El narcotráfico lo ha transformado en ruta clave para la droga que se consume en Estados Unidos y además sufre el azote de las 'maras' (pandillas).

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