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Ley de Alabama golpea sobre todo a los latinos, legales e ilegales por igual

“La ley es para todos los inmigrantes sin papeles pero es a nosotros, los mexicanos o centroamericanos, los que nos molestan”, dijo a la AFP Azuzena Santillano, una mujer de 33 años de Durango, dueña de un almacén de productos latinos entre Tuskegee y Auburn, pueblos al este de Montgomery, la capital de Alabama.     

Santillano abrió su negocio en julio y en septiembre aprobaron la ley contra la inmigración indocumentada, la más dura en Estados Unidos, que ha provocado un éxodo masivo entre los 130.000 sin papeles que tenía Alabama antes de la entrada en vigor de la legislación el 28 de septiembre, según estimación del Centro Pew Hispanic.     

“Antes de que aprobaran la ley se había ido gente, pero luego se fueron muchísimos, me he quedado sin clientes casi”, dijo, Santillano, que paga una renta de casi 3.000 dólares mensuales por su local.     

El comercio de Santillano queda en un centro comercial donde hay un restaurante chino y un spa de uñas de vietnamitas: “Todos somos extranjeros, y ellos tienen los mismos problemas para sacar papeles, pero todos sabemos que la policía a ellos no los molesta”.     

Los inmigrantes chinos no quisieron hablar de la ley, al ser consultados por la AFP, mientras Anthony, uno de los empleados vietnamitas del local de cuidados de uñas dijo: “Son las reglas del país y hay que andar con ciudado, pero nosotros no tenemos problemas”.     

Una pareja india que administra uno de los moteles de carretera de la zona también se mostró contrariada por la ley, pero no la perciben como una amenaza a su gente.     

“Yo entiendo que los políticos quieran controlar a los indocumentados, pero esta ley es muy severa, si nosotros llegamos a emplear a un indocumentado nos quitan la licencia para administrar hoteles”, dijo Dipu Patel, una mujer de 30 años, encargada del registro de húespedes durante las noches en Microtel Inn.     

“Esto no debería ser tan duro, y sabemos que es más difícil para los mexicanos que trabajan en fábricas o en los campos”, reconoció Patel.     

La gente en la calle interpreta la ley migratoria de Alabama como una medida contra la comunidad hispana, la primera minoría en el país con 50,5 millones de personas. Y en Alabama los latinos indocumentados han escapado en masa.     

“Aquí no me falta trabajo pero no quiero que me agarre la policía”, contó a la AFP este mexicano que vive sin papeles desde hace 14 años cerca Tuskegee, lugar de nacimiento de Rosa Parks (1913- 2005), líder de la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos.     

“Creo que los latinos son el mayor número de personas en el estado por lo tanto gran parte de esto se enfoca en los latinos, pero aquellos que piensan que otros inmigrantes no se verán afectados por esta ley se equivocan profundamente”, dijo a la AFP Sam Brooke, abogado del Southern Poverty Law Center, una organización con sede en Montgomery que lucha contra el racismo y la intolerancia organizada.     

“La ley habla de todas las categorías de inmigrantes, no sólo los latinos”, agregó.     

Por ahora se espera una resolución de la corte que revoque la ley de Alabama, como pidió el Departamento de Justicia estadounidense en una demanda por considerarla inconstitucional, al igual que una coalición de organizaciones humanitarias.     

Mientras, los gremios de agricultores y de la construcción denuncian una pérdida importante de trabajadores que está mermando sus negocios y pequeños comerciantes latinoamericanos van directo a la quiebra.     

Al norte de Tuskegee, en las afueras de Birmingham, Daniel Valencia, se dió como máximo un mes para decidir el cierre de su Taquería Valencia, un restaurante mexicano de 27 mesas, donde después del mediodía estaba él y un cocinero.

 “Nos pegó la crisis desde 2007 y desde principios de este año la cosa venía mejorando. Pero vino la ley y nos golpeó más duro que la crisis”, dijo Valencia que se quedó con dos meseros de cinco y un cocinero de tres después de que entró en vigor la ley el 28 de septiembre.     

“Ni los despedí. Se fueron mis empleados y clientes. Hasta uno que tiene papeles le da miedo ahora la policía”, afirmó Valencia de 44 años, que obtuvo la residencia en 1985.     

Valencia paga 6.000 dólares mensuales por su local. “Si no me rebajan el alquiler mientras espero si revocan la ley, cerraré el restaurante y tendré que empezar de nuevo”.     

“Dicen que faltan obreros en la construcción, puedo hacer eso”, dijo resignado.

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