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Ley de inmigrantes en Arizona

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La estricta ley migratoria que deberá entrar en efecto el jueves en Arizona es el resultado de una furia acumulada contra la inmigración sin papeles que ha venido creciendo desde hace varios años y que hizo erupción cuando un conocido terrateniente fue asesinado en marzo cerca de la frontera con México.

Los noticieros locales cada noche muestran notas sobre el polémico tema de la inmigración: hallazgos de casas donde los traficantes de perso-nas hacinan a indocumentados, arrestos de inmigrantes por decenas en redadas de empresas o retenes de tránsito, políticos que hablan con rabia sobre la violencia en la frontera y sobre los costos para las finanzas estatales de la presencia de los forasteros.
En las calles se ven jornaleros ofreciendo su trabajo en los estacionamientos de tiendas como Wal-Mart y Home Depot. El español predomina en algunas partes de la zona metropolitana de Phoenix y hay residentes que se quejan de que se sienten extranjeros en su propio país.

EL PROCESO
Cuando Robert Krentz murió baleado en sus tierras cerca de la frontera, se volvió un símbolo potente en el debate. Las autoridades creen que el asesino fue un inmigrante sin documentos algún colaborador de narcotraficantes, dicen, pero no han mostrado pruebas concluyentes.
“No se puede ignorar el daño y los costos a los contribuyentes y la falta de respeto que causan la inmigración ilegal y aquellos que piensan que tienen derecho a vulnerar nuestras leyes”, dice el senador estatal Russell Pearce, autor de la ley y el principal líder de las acciones contra los indo-cumentados en Arizona.
La furia contra los indocumentados llevó a los legisladores a aprobar al menos siete leyes restrictivas en igual número de años, como la que declaró el inglés el idioma oficial del estado, la que prohibió dar libertad bajo fianza a indocumentados acusados de crímenes serios y la que les negó a las personas sin papeles recibir compensación en demandas civiles.

PUNTOS DE VISTA
En Arizona se hacen entre 40% y 50% de los arrestos de indocumentados en la zona limítrofe con México, según la Patrulla Fronteriza. El estado gasta unos 600 millones de dólares en la educación de niños indocumentados entre jardín de infantes y 12 grado, más de 120 millones en mantener en prisión a criminales sin documentos y hasta 50 millones en tratamientos mé-dicos de extranjeros sin papeles, según agencias del gobierno estatal.
Al mismo tiempo, los críticos de la ley dicen que los trabajadores indocumentados pagan impuestos al consumo y aportan a la Seguridad Social dinero que nunca recuperarán.
Sin su trabajo, agregan, el rápido crecimiento económico del estado en la última década no habría sido posible.
Argumentan además que los precios de las viviendas son razonables gracias a que los extranjeros aceptan techar casas de barrios residenciales a 43 grados centígrados en el verano.
De los inmigrantes dicen que la hostilidad racial aumentó desde la aprobación de la ley.

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