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México: Calderón y gobernadores acuerdan medidas de seguridad

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El presidente Felipe Calderón y gobernadores electos de algunos de los estados más afectados por la violencia del narcotráfico firmaron el jueves un acuerdo con el que buscan fortalecer la seguridad y la justicia.

Con el llamado Acuerdo de Chihuahua, los gobernadores se comprometen entre otras cosas a aplicar controles de confianza a la totalidad de los mandos superiores en áreas de seguridad y en un plazo no mayor a seis meses poner en operación módulos policiacos bajo un modelo de mando único estatal.

También se comprometieron a activar unidades de operaciones especiales para combatir los secuestros y establecer centros estatales de evaluación de control de confianza.

El acuerdo fue firmado por nueve de los 12 gobernadores electos este año, entre ellos los de Tamaulipas, Sinaloa, y Chihuahua, tres de los estados del norte del país más afectados por la violencia atribuida a carteles de las drogas que se disputan nuevos territorios.

La violencia del crimen organizado ha dejado más de 28.000 muertos desde diciembre del 2006, muchos de ellos en esos tres estados.

Los otros gobernadores electos que firmaron fueron de los estados de Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca, Durango, Hidalgo y Zacatecas.
El país cuenta con 31 estados y la capital del país. Los gobernadores ya habían firmado un acuerdo por la seguridad desde 2009.

Con el Acuerdo de Chihuahua, denominado así porque se firmó en la capital de ese estado, también se comprometen a avanzar en la depuración de las policías y establecer estrategias coordinadas con el gobierno federal para disminuir la incidencia de delitos como el robo, la extorsión, el homicidio y el secuestro.

“Independientemente de la virulencia y de la gravedad de los delitos cometidos por el crimen organizado, debemos recordar que el ciudadano común está preocupado por los crímenes que les afectan”, dijo el presidente Calderón al término del encuentro.

Refirió que más del 90% de los delitos que se cometen en México son del orden común, como el robo, el secuestro y la extorsión.

El gobierno federal lanzó en diciembre del 2006 una ofensiva contra el crimen organizado, apoyado con un despliegue inédito de las fuerzas armadas, bajo el argumento de que las policías locales no tenían la suficiente capacidad ni preparación para enfrentar a los carteles.

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