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Motín policial en Bolivia por salarios

Un motín de policías de bajo rango, por reclamos salariales en Bolivia, se extendió a unas 20 unidades y comandancias, con saqueos a dependencias a una cuadra del Palacio Presidencial, mientras el gobierno ofertó un aumento de sueldos.

Unos 200 policías, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, atacaron este viernes con furia la Dirección Nacional de Inteligencia, donde también se halla el Tribunal Disciplinario de la Policía, a una cuadra de la plaza de Armas, donde el mandatario Evo Morales tiene sus oficinas. 

“¡Motín, motín, motín policial!”, gritaron los policías, quienes sacaron del lugar principalmente documentos, muebles, computadoras y hasta banderas y los quemaron en las afueras de las dos unidades policiales, observó la AFP.

El motín abarca a unos 20 cuarteles y comandos policiales en las diez principales ciudades del país: La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija.

El comando de Cochabamba, en el centro del país, fue saqueado. Los uniformados ya habían tomado el jueves por la fuerza la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP, antimotines) y otras ocho unidades en todo el país.

Durante los incidentes, el presidente Morales se encontraba en sus oficinas, informó temprano la dirección de comunicación presidencial, aunque sus puertas estaban cerradas y en su interior la seguridad está en manos de militares fuertemente armados, constató la AFP.



Buscan solución

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Interior, Carlos Romero, quien ejerce tuición sobre la policía, dijo que les comunicó a agentes sublevados que “queremos efectivizar” un aumento salarial y “dialogar para encontrar soluciones”.

“Se les ha comunicado a los policías que nosotros queremos efectivizar la decisión de lograr estos ingresos que percibe la Policía Nacional por concepto salarial que alcancen a los 2.000 bolivianos” (287 dólares), monto exigido por los policías disconformes, dijo Romero.

Los sublevados reclaman un salario mínimo de 2.000 bolivianos, casi un 70% más de lo que reciben, y también piden la jubilación con el 100% de sus salarios y la anulación de una ley que les prohíbe opinar públicamente.

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