Mubarak y sus hijos Gamal y Alaa fueron detenidos el miércoles por 15 días dentro de una investigación judicial sobre la violenta represión de las revueltas de enero y febrero, que dejaron unos 800 muertos, según fuentes oficiales, y que desembocó con la caída del régimen.
El periódico gubernamental Al Ahram, citó ayer al presidente de la corte de apelaciones de El Cairo, Zakaria Chalach, que afirmó que Mubarak podría ser ejecutado si se lo reconoce culpable de haber provocado la muerte de manifestantes de manera premeditada.
Chakach indicó que el testimonio del ex ministro de Interio de Mubarak, Habib Al Adli, también acusado por haber ordenado disparar contra los manifestantes, lo convertía en cómplice si se confirma: Adli afirmó que Mubarak le había ordenado utilizar la fuerza contra los manifestantes.
“Si ello se demuestra, (Mubarak) recibirá la misma pena que la persona que condujo (la represión) y podría tratarse de una ejecución si se prueba que los manifestantes pacíficos fueron muertos con premeditación”, dijo.
Si no hubo premeditación será condenado a cadena perpetua, precisó.
Mubarak podría ser condenado a una pena de entre tres y cinco años de prisión si se prueba que la represión, bajo sus órdenes, hirió a manifestantes.
La investigación debería durar al menos seis meses, indicó la televisión estatal citando a un responsable del ministerio público y el juicio al menos un año, según Chalach.
Traslado a hospital militar
La fiscalía pidió el traslado del ex presidente egipcio Hosni Mubarak de un hospital civil de Sharm el Sheij, en el Sinaí, a uno militar, de donde irá a la cárcel cuando su estado lo permita, informaron los medios de comunicación públicos.
El fiscal general Abdel Meguid Mahmud “ordenó transferir al ex presidente Hosni Mubarak hacia uno de los hospitales militares” del país, señaló la agencia oficial Mena, sin precisar a cuál.
El ex hombre fuerte de Egipto estará rodeado de la “seguridad necesaria”, añadió la agencia.
