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Oficialismo fracasa en anular amnistía a militares en Uruguay

El Frente Amplio necesitaba los 50 votos en la Cámara de Diputados, que tiene 99 escaños. 

El diputado del partido Colorado, Gustavo Espinosa dijo a The Associated Press que el reglamento indica que cuando hay empate en tres oportunidades consecutivas, gana la oposición, por eso aunque se dio ese empate no prosperó la eliminación de la ley y quedó sólo con la media sanción del Senado el 12 de abril por 16 votos a favor de un total de 31 legisladores. 

La votación se produjo cerca de las 05: 00 a.m. horas locales del viernes, en medio de profunda tensión y con el palacio Legislativo rodeado por unos centenares de militantes en el marco de un paro general de cuatro horas que afectó el jueves parcialmente las actividades. 

El diputado del partido Nacional, Jaime Trobo alertó sobre esa presencia en lo que consideró que podría ser señal de que ocurriría una asonada. “El tema se vio como una presión más que de mera solidaridad, por eso hubo preocupación”, dijo el viernes Trobo. 

Semproni por su parte afirmó que si la disciplina partidaria violaba su conciencia no votaría por la medida, y así lo hizo, lo cual precipitó a la coalición oficialista a una derrota mayúscula en el orden político y al presidente José Mújica, quien cumple 76 años el viernes. 

Espinosa _quien dio muestras del agotamiento tras la interminable jornada de discusiones de más de 14 horas_ dijo que aunque no se ha planteado, el tema queda virtualmente cerrado a nivel legislativo, a menos que el Frente Amplio determine una reunión de la Asamblea General Legislativa para considerar el tema pero para lo cual necesitaría 87 votos de los 130 miembros, cifra que tampoco alcanzaría. 

“El sabor que me deja esta jornada es que no hubo vencidos ni vencedores, pero si prosperó el mantenimiento del espíritu democrático y de justicia con lo votado por el pueblo uruguayo. Seguiremos trabajando por el reencuentro de todos los uruguayos y por su porvenir”, agregó. 

Semproni, quien integró las fuerzas de la organización subversiva tupamaros, ratificó su voto negativo lo cual impidió que el Frente Amplio lograse la mayoría de 50 votos y eliminaría la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado, que fue adoptada en 1986, un año después de que se restauró la democracia en Uruguay tras casi doce años de dictadura militar. 

Semproni, quien sufrió presiones políticas para que modificara su posición, sin embargo, se mantuvo firme. 

“Aceptamos la disciplina mientras no afecte la conciencia. Esto no transita por el camino de la disciplina partidaria. Es un tema de conciencia y por eso no lo podemos hacer”, dijo Semproni. 

Carmelo Vidalín, del partido Nacional, felicitó a Semproni por su posición, anticipada días atrás y la mantuvo. 

El oficialista Darío Pérez había adelantado en el debate que “se iba al fracaso”, pero insistió en que se va “con la frente y la mirada en alto y viendo la posibilidad para terminar con los efectos de la caducidad y demostrar que todos somos igual frente a la justicia”. El Frente Amplio llama “impunidad” a esa ley porque no todos los militares de la dictadura (1973-1985) no han sido juzgados por violar los derechos humanos en la campaña antisubversiva. Empero, una decena de uniformados están presos desde el 2006. 

Los legisladores de los cuatro partidos políticos representados, el oficialismo del Frente Amplio, Nacional, Colorado e Independiente, llevaron a Uruguay a un túnel del tiempo que arrancó en 1963 cuando los tupamaros se alzaron en armas buscando el poder con asesinatos, secuestros, robos, incendios y asaltos y fueron aplastados en 1972 por las fuerzas armadas. 

En ese año se instauró por el congreso aún vigente “el estado de guerra interna”. En junio de 1973 ocurrió el golpe de estado y las fuerzas armadas prosiguieron con la represión antisubversiva. 

Los frenteamplistas rechazaban la teoría de los “dos demonios” y alegaban que la represión se convirtió en “terrorismo de estado” pues la organización tupamara ya estaba derrotada, con sus líderes presos _entre ellos el presidente Mujica _ y otros se marcharon al exilio. 

Gustavo Borsari consideró que los tupamaros también fueron “terroristas” al alzarse contra gobiernos democráticos. 

La anulación de la ley había sido sancionada por el Senado el 12 de abril y causó las primeras serias fisuras, como la renuncia del senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, tras votar a favor de esta iniciativa y se produjo el voto en contra de Jorge Saravia, quien está casi fuera del Frente Amplio. 

En la Cámara de Diputados, las divisiones continuaron en especial por la posición de Semproni, que significaba el voto 50 que podría ratificar la anulación.

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