Panamá deroga reforma minera por rechazo popular

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli decidió el jueves presentar al Legislativo la derogación de una reforma minera aprobada recientemente y que recibió un rotundo rechazo popular. 
La decisión se adoptó en una reunión de gabinete dirigida por Martinelli que se celebró horas después de que el gobernante se presentará en una mesa de diálogo con sectores opuestos a la minería para ofrecerles derogar la ley. 
“Vamos a derogar esta ley y vamos a dedicarnos a seguir trabajando; la voz de ustedes ha sido escuchada”, dijo temprano el mandatario al llegar de sorpresa a una reunión entre indígenas y gobierno, con la presencia de representantes de la Iglesia Católica, como garante. 
El encuentro fue realizado en la localidad de San Félix, a unos 420 kilómetros al occidente de la capital y uno de los focos de protesta en la provincia de Chiriquí. 
“No podemos empantanarnos en un debate estéril donde los panameños no quieren la minería, independientemente de si la ley fuera mala o buena el panameño no entiende lo que es la minería y por eso nosotros de manera muy responsable vamos a derogar la ley ocho”, señaló. 
Poco después del anuncio, Martinelli reunió a su gabinete para concretizar el ofrecimiento, lo cual quedó justificado en el proyecto de ley como una medida tomada “en aras de procurar un ambiente de paz”. 
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, presentó de inmediato la propuesta ante el Legislativo. 
“Quedó claro que el país requiere mucho más análisis, pensar mejor, reconocemos que es un tema que requiere debate”, señaló Henríquez. 
La reforma fue aprobada a mediados de febrero en medio del rechazo de opositores, ambientalistas e indígenas de la etnia ngobe bugle. 
Las protestas recrudecieron el fin de semana pasado con bloqueos de carretera y enfrentamientos entre indígenas y policías que dejaron una veintena de heridos. 
La etnia ngobe bugle, de unos 260.000 miembros, rechaza la minería a cielo abierto por temor a los daños que provoca al medio ambiente. 
Expertos sostienen que en la comarca Ngobe Bugle existen yacimientos de cobre y oro que de ser explotados colocarían a Panamá entre los diez primero países exportadores de cobre a nivel mundial. 
Los opositores a las reformas sostuvieron que la ley lesionaba la soberanía panameña al dejar abierta la posibilidad de que estados extranjeros pudieran financiar empresas mineras para invertir en Panamá. 
El gobierno argumentó que con la reforma se buscaba reglamentar una industria que se regía por una vieja norma de 1964, que al derogar las reformas volverá a cobrar vigencia, facilitar el acceso de recursos financieros a los inversionistas potenciales y llevar progreso a las zonas empobrecidas donde se impulse la actividad. 
Uno de los líderes de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y de los Derechos del Pueblo, el dirigente indígena Celio Guerra dijo que los ngobes estaban satisfechos con la resolución del Ejecutivo. 
“La población está con los ánimos altos... hemos planteado la necesidad de que las diferentes facciones (de la coordinadora) mantengamos autonomía para alcanzar objetivos mayores”, dijo Guerra en una entrevista que reprodujo en su sitio de internet el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. 
El presidente del opositor Partido Revolucionario Democrático, Francisco Sánchez Cárdenas, dijo que espera que “Martinelli haya aprendido esta vez la lección”.