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Polémica ley busca trazar nuevo panorama en la propiedad de medios en Ecuador

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Una ley de comunicación que limitará la presencia de los medios privados en Ecuador abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el presidente Rafael Correa y la prensa, a la que acusa de monopólica, pese a que expertos sostienen que la propiedad en ese sector se ha desconcentrado.

La ley aprobada hace una semana establece una redistribución progresiva de las frecuencias de radio y TV para conceder 34% a medios comunitarios, 33% a los públicos y 33% a los privados, mediante la asignación de las licencias disponibles y la reversión de aquellas obtenidas ilegalmente o por incumplimiento de normas, para lo que aún no hay plazos.

"La información no es una mercancía; es un derecho", afirmó Correa esta semana en un foro organizado por su gobierno sobre periodismo responsable.

Mauro Andino, legislador oficialista y ponente de la ley, defendió la nueva norma como un mecanismo para "democratizar la palabra" y aseguró que dará un golpe "al monopolio de los medios privados" en Ecuador.

Actualmente, 83% de las 1.147 frecuencias radiales y 68% de las 548 estaciones televisivas de señal abierta están bajo la categoría de comercial privada en la estatal Superintendencia de Comunicaciones.

Pero los expertos sostienen que aunque el sector privado ha dominado el ejercicio de los medios de comunicación en Ecuador, ese panorama ha cambiado desde que Correa asumió la presidencia por primera vez, en 2007, a través de nuevas leyes e incautaciones a grupos económicos.

"Ese panorama de monopolios más bien se ha desestructurado", dijo a la AFP Gustavo Abad, docente de la facultad de Comunicación de la Universidad Central, al recordar que la Constitución de 2011 limitó la participación de directivos y accionistas de los medios de comunicación y del sector financiero en otros negocios.

"En un momento había gran concentración de medios en torno a consorcios privados de carácter comercial o financiero", explicó el analista, pero estos "entraron en procesos de venta de medios" a partir de esa normativa.

Ese fue el caso del canal Teleamazonas, duro crítico del gobierno de Correa, cuyo principal accionista, Fidel Egas, es el máximo directivo de Banco Pichincha, quien asegura haber vendido su participación en agosto de 2010.

Por otro lado, TC Televisión y Gama TV, propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías, quienes huyeron a Estados Unidos en 1998, fueron embargados tras la quiebra de Filanbanco y actualmente son administrados por el Estado.

"Históricamente, ha habido un predominio de los medios privados, pero actualmente hay un contrapeso importante de los medios públicos a manos del gobierno. Yo hablaría de esas dos polaridades", manifestó Abad.

El poder Ejecutivo también controla el diario El Telégrafo (confiscado al exbanquero Fernando Aspiazu), Ecuador TV, Radio Pública y el portal oficial El Ciudadano.

De acuerdo con José Lasso, director del área de Comunicación de la Universidad Andina, "el uso del término 'monopolio' está entrando en una visión política más que real. Indudablemente hay grupos de poder, pero hay que analizar su rol específico en Ecuador".

También se han abierto interrogantes sobre cómo funcionarán y qué financiamiento tendrán los medios comunitarios, que actualmente ocupan 2% de las frecuencias radiales y ninguna televisiva, pero que deberán asumir 34% del espectro.

"No es suficiente que se establezca la repartición de frecuencias en un 34% para los comunitarios si no se establecen condiciones de igualdad para producir", dijo a la AFP Mauro Cerbino, investigador en comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

"Hay que establecer las condiciones adecuadas de financiamiento y la capacitación para desarrollar medios de comunicación" comunitarios, explicó Cerbino.

La legislación prevé que el Estado hará recortes tributarios para los medios comunitarios y proveerá créditos para la compra de equipos.

Esta ley, que además dispone la creación de un consejo regulador con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones bajo el principio de responsabilidad ulterior, ha sido cuestionada por el gobierno de Estados Unidos y varias organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión.

La ley se enmarca en la disputa entre Correa y un sector de la prensa al que acusa de manipular la información y de desprestigiarlo e intentar desestablizar su gobierno.

El momento álgido de esa pugna fue el juicio que el gobernante le ganó el año pasado al diario El Universo de Guayaquil, en el cual tres directivos y un exeditor fueron condenados por injuria a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente ecuatoriano extendió un perdón judicial y la causa fue archivada.

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