Programa migratorio de EEUU no era del todo voluntario

Un programa implementado en Estados Unidos para cotejar las huellas dactilares de todos los sospechosos con una base de datos migratoria fue voluntario hasta que las ciudades se negaron a participar, de acuerdo con miles de documentos difundidos recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional. 
Miles de documentos publicados por el departamento permiten ver cómo el gobierno se afanó para acallar las críticas y la publicidad negativa que rodearon un programa contra la inmigración ilegal llamado Comunidades Seguras. 
Los documentos revelan que el gobierno reelaboró las normas del programa, consideró la posibilidad de no otorgar fondos federales ni información a los que se resistían a aplicarlo y finalmente buscó precedentes judiciales para obligar a la cooperación. 
En todo momento, los altos funcionarios sabían que habría resistencia local al programa y a fines de 2009 se les dijo que se podían verificar las huellas digitales con la base de datos de inmigración sin que los gobiernos locales lo aceptaran. 
“La iniciativa SC (siglas en inglés de Comunidades Seguras) seguirá siendo voluntaria en los niveles estatal y local. Hasta el momento en que las localidades empiecen a rechazar la participación, seguiremos aplicando este criterio”, dice un mensaje electrónico enviado por Randi Greenberg, el jefe de comunicaciones del programa. La secretaría borró los nombres de los destinatarios antes de dar a conocer los documentos. 
El rechazo se produjo
Washington, D.C.; Cook County, Illinois; Santa Clara, California; Arlington, Virginia; San Francisco; Filadelfia; y los estados de Oregón, Washington, Minnesota y Colorado plantearon dudas o trataron de evitar su participación, según los documentos. Las comunidades son apenas un pequeño porcentaje de las más de 1.000 que aceptaron voluntariamente participar del programa o no se opusieron a que el estado ofreciera sus servicios a Inmigración y Aduanas (ICE). 
Para fines del año pasado, ICE decidió que las autoridades locales no podían prohibir a los agentes de inmigración utilizar las huellas digirales. Los locales sólo podían negarse a recibir información del gobierno federal acerca del estatus inmigratorio de las personas detenidas en sus cárceles, pero estaban obligadas a detener a extranjeros si ICE se los pedía. 
Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, un grupo defensor de los latinos en Somerville, Massachusetts, dijo que según revelan los documentos, funcionarios federales envían a las autoridades locales “mensajes contradictorios” y acrecientan “la confusión y el miedo” de las comunidades de inmigrantes. 
Montes convocó a una reunión de varios grupos el miércoles para discutir los documentos. El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, todavía no se ha sumado al programa, pero ha dicho que los estados tienen la obligación de hacerlo, lo que le ha valido críticas de algunos defensores de inmigrantes. 
“¨Cómo se pueden tomar decisiones sobre la base de información que no es clara?”, se preguntó Montes. “Esto es algo que afecta la vida de la gente”.