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Protestas sociales se multiplican en Perú y preocupan al próximo presidente

El intento de campesinos de ocupar un aeropuerto al sur del Perú, saldado con dos muertos el viernes, se sumó a una serie de protestas en el país que llevaron al próximo presidente, Ollanta Humala, a pedirle al actual mandatario Alan García no dejarle un campo minado.

Los dos muertos de este conflicto se suman a otros tres personas entre ellas un niño que murieron el martes en la central ciudad de Huancavelica en una protesta estudiantil que desbordó en disturbios y en el incendio del edificio de la Gobernación.     

Los campesinos alcanzaron a tomar este viernes el aeropuerto antes de ser desalojados por la policía antimotines, mientras que otro grupo de manifestantes quemó pastizales en los alrededores de la terminal, lo cual obligó al cierre de las operaciones aéreas, comprobó la AFP.     

El intento de toma del aeropuerto de Juliaca (1.300 km al sur de Lima), repelido por la policía, forma parte de una serie de protestas que lleva más de un mes de campesinos que exigen que toda actividad minera y petrolera sea prohibida en el departamento andino de Puno.     

El gobierno del presidente García ha negociado pero señala que no puede plegarse a una condición tan radical como es prohibir la minería en un región pues es una actividad legal.     

En el caso de Huancavelica, la protesta se debió a que el Congreso aprobó una ley que quitaba recursos a la universidad estatal de esa ciudad para poder crear otra universidad en la cercana población de Tayacaja.     

Un día después de los incidentes, la primera ministra Rosario Fernández salió a señalar que no se tocarían los recursos del primer centro de estudios, con lo cual se dio fin a la protesta.     

Los conflictos sociales llevaron al defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, a criticar el jueves la gestión gubernamental, señalando que en los últimos cuatro años los conflictos sociales le han costado la vida a 88 personas.     

Esto incluye los 34 muertos de la amazónica ciudad de Bagua cuando la policía intentó despejar el 5 de junio de 2009 una carretera tomada durante meses por manifestantes. De esos 34 muertos, 24 eran uniformados y 10 nativos.     

“No podemos esperar que haya muertos para solucionar los conflictos sociales. Esa es una pésima respuesta del Estado”, dijo Vega a la prensa.     

Indicó igualmente que “también hay una violencia desproporcionada por parte de algunos sectores de la población”.     

Esta situación se vive cuando el ex militar izquierdista Ollanta Humala está a cinco semanas de convertirse en el nuevo presidente peruano.     

El jueves Humala le pidió al presidente García “nos entregue un país pacificado de conflictos sociales y no nos entregue un campo minado”.     

Humala recordó que la Defensoría del Pueblo estableció que hay 227 conflictos sociales abiertos.     

Para el analista Santiago Pedraglio, “Humala tiene tres opciones ante esta represión social; conceder sin ton ni son, comprometerse en una política represiva o modificar de manera firme el papel que le cabe al Estado central en la relación entre la inversión privada y los ciudadanos que protestan.     

“Si el gobierno de Humala no encauza la demanda social ésta se convertirá en un factor de desestabilización”, dice en su columna en el diario Perú.21.     

El sociólogo Eduardo Toche dijo a la AFP que “hay poca voluntad mostrada por el gobierno para poner al menos una solución temporal a estos problemas”.     

“Por otro lado el presidente electo declara que esto es problema del gobierno que sale. En ambos casos hay enormes errores. Un gobierno electo sí tiene que preocuparse no asumiendo responsabilidades, pero sí saber que está pasando”.

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