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Provincia peruana es declarada en emergencia por el gobierno

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Según el decreto supremo emitido el lunes por la noche, el estado de emergencia regirá en la provincia de Espinar, de la región Cusco, en el sudeste del país. La Policía Nacional asumirá el control del orden interno y se suspenderán los derechos ciudadanos, como el de libre tránsito. 

El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, dijo en una rueda de prensa que la medida se tomó porque la protesta en Espinar no es una movilización pacífica, sino que “es gente extremista que está atacando a la autoridad policial y a un fiscal de la Nación”. 

Los manifestantes rechazan las operaciones de la minera Xstrata, con sede en Suiza y el cuarto productor de cobre más grande del mundo, cuyas actividades exigen que sean detenidas por considerar que existe un riesgo grande de que contaminen dos ríos de la zona. 

El ministro del Interior, Wilver Calle, informó que dos personas baleadas en las protestas fallecieron, y que 30 policías resultaron heridos. Explicó que la Policía tuvo que hacer uso de sus armas de fuego al verse superada por las turbas enardecidas y por peligrar su propia seguridad. 

El fiscal federal, José Peláez, dijo a través de Twitter que los manifestantes tomaron a un fiscal como rehén. Posteriormente, el alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca dijo que el fiscal fue liberado y se encontraba en buen estado. 

“Hubo un enfrentamiento con la Policía que arremetió a balazos”, dijo a la AP el alcalde, quien respalda la protesta contra Xstrata. “Han matado en la loma, en los cerros, fuera de la propiedad de la empresa minera”, agregó. 

El gobierno del presidente Ollanta Humala también enfrenta la presión de la región de Cajamarca, en la sierra norte del país, que se opone al proyecto minero aurífero Conga, de 4.800 millones de dólares, por implicar la destrucción de cuatro lagunas. 

A fines del año pasado, el gobierno declaró el estado de emergencia en Cajamarca por 60 días para pacificar la zona luego que estallaran violentos disturbios y enfrentamientos con la Policía. 

La población ha dado plazo al gobierno hasta el 31 de mayo para declarar inviable el proyecto, de lo contrario, han dicho, reanudarán las protestas.

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