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Se mantiene ley de Alabama; pero los policías aún son cautos

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La estricta nueva ley de inmigración de Alabama, la cual fue avalada en su mayor parte por una jueza federal el miércoles, exige que la policía encarcele a cualquiera que no pueda demostrar que está legalmente en el país. 

La mayor parte de la ley entró en efecto inmediatamente, pero eso no significa que habrá en cualquier momento cercano una redada masiva de miles de inmigrantes ilegales. En todo Alabama, los policías encargados de aplicar la ley de inmigración más dura del país están tratando de descifrar cómo hacerlo y atenerse a las consecuencias. 

El jefe de policía, Chris West, y sus tres agentes patrullan Crossville, un poblado rural de 1.300 residentes que colinda con una comunidad hispana de cientos o quizá más. La cárcel más cercana está a 32 kilómetros (20 millas) de distancia. La ley es complicada y ellos tiene poco dinero para capacitación. 

“En este momento estamos esperando para averiguar qué dicta la ley, y entonces vamos a empezar a aplicarla”, señaló. 

La ley es descrita tanto por partidarios como por opositores como la ley estatal más dura en Estados Unidos contra inmigrantes ilegales. La jueza federal de distrito Sharon Blackburn, nominada por republicanos, escribió el miércoles en una postura de 115 páginas que algunas partes de la ley respaldada por el Partido Republicano entra en conflicto con estatutos federales, pero otras no. Dejó en pie varios elementos cruciales que hacen que la ley de Alabama sea más estricta que leyes similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. 

Entre otras cosas, la ley de Alabama exige a funcionarios de escuelas públicas revisar el estado de inmigración de los estudiantes, aunque éstos pueden seguir asistiendo a clases. Las autoridades pueden mantener bajo custodia sin derecho a fianza a presuntos inmigrantes que estén ilegalmente en el país y las cortes estatales tienen prohibido exigir el cumplimiento de contratos que involucren a inmigrantes en esta situación. Además, es un delito que inmigrantes no porten documentos de inmigración. 

Ahora la policía está tratando de entender qué deben hacer sus agentes cuando detengan a un automovilista hispano o patrullen comunidades en el estado que ahora son residencia de aproximadamente 185.000 hispanos. 

“Simplemente necesitamos saber qué hacer sin meter a todos en problemas”, dijo Terry Davis, jefe de la policía de Boaz y presidente de una asociación de 365 jefes de policía de Alabama. “En este momento todos estamos como confundidos”, agregó. 

En el condado de Coffee, donde las plantas de aves de corral y la cosecha anual de tomate atraen a inmigrantes que buscan trabajo, el alguacil David Sutton dijo que retener a quienes violen la ley migratoria podría ocasionar sobrepoblación en su cárcel de 124 camas, particularmente porque nadie sabe cuánto podrían demorar los funcionarios federales en recoger a la gente para su posible deportación. 

“Vamos a aplicar la ley. Pero no vamos a buscar algo específico. No tengo el personal para eso”, subrayó. 

En el condado de Jefferson, que trata de evitar declararse en la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos, el asistente del alguacil Randy Christian dijo que los oficiales no pueden empezar a arrestar a presuntos inmigrantes indocumentados hasta que reciban capacitación, lo cual no puede solventar el condado. 

“Estoy más preocupado sobre dónde pondremos a los que detengamos”, dijo Christian a través de un correo electrónico. 

Bobby Timmons, director ejecutivo de la Asociación de Alguaciles de Alabama, dijo que todavía hay muchas preguntas por responder, entre ellas de quién es la responsabilidad de las cuentas médicas de los detenidos y qué pasa si los agentes federales no recogen rápidamente a un inmigrante ilegal. 

El gobernador Bentley dijo que dependerá de las cárceles municipales o del condado solventar los costos de atención médica y espera que las autoridades federales apoyen a Alabama para aplicar la nueva ley. 

La ley también podría causar problemas financieros a la industria agrícola estatal, que depende de la mano de obra migrante para cosechar y procesar cultivos. Los estadounidenses generalmente no realizan el agotador trabajo a pesar de que los salarios están por encima del mínimo.

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