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SIP analizará protestar ante ONU, OEA y CIDH situación de prensa en Bolivia

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La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) anunció ayer martes que analizará "protestar" ante la ONU, OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a libertades de expresión y prensa que, según el organismo, implica una ley boliviana contra el racismo.

Gustavo Mohme, presidente del Instituto de Prensa de la SIP, que agrupa a dueños de medios, explicó en conferencia de prensa que indagaron en Bolivia, en reuniones con diversos sectores, sobre los alcances de una ley contra el racismo que recientemente aprobó el gobierno del presidente Evo Morales.

Explicó que la comisión, integrada además por Claudio Paolillo (vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información) y Ricardo Trotti (director de Libertad de Prensa de la SIP), elevará un informe a la Asamblea Anual que se realizará el próximo mes en México, sobre el caso boliviano.

"A partir de ahí (de la asamblea anual), si la Sociedad lo aprueba, como pareciera que va a ser, este tema va a ser elevado a nivel internacional en la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", explicó Mohme.

Sobre ese reclamo, Trotti dijo que el objetivo será "protestar (...) y exhortar a los organismos internacionales que calen hondo en la intención de lo que pueda estar pasando en Bolivia".

La SIP y gremios patronales y profesionales de la prensa bolivianos cuestionan principalmente uno de los artículos de la flamante Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

Ese articulado dice que "el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación".

Otro autoriza que los periodistas que infrinjan la ley sean sometidos a tribunales ordinarios.

Esos artículos "atentan contra la libertad de opinión e información y el derecho del público a la información", indicó Mohme, mientras que Claudio Paolillo manifestó que se "pone en jaque y se vulneran la libertad de expresión y prensa en Bolivia".

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