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Suspenden órdenes captura de expresidente Zelaya en Honduras

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Un juez anuló el viernes tres órdenes de captura contra el derrocado presidente Manuel Zelaya por dos procesos en los que es acusado por corrupción. 

“Se dejan sin efecto las órdenes de captura en perjuicio del señor Zelaya”, dijo en un comunicado el magistrado Oscar Chinchilla, quien fue designado por la Corte Suprema de Justicia, de entre sus 15 integrantes, para encargarse del caso. 

Las órdenes de aprehensión datan de julio de 2009, un mes después que los militares dieron el golpe de estado y expulsaron a Zelaya del país. 

El defensor del ex mandatario, Anahim Orellana, designado de oficio por el sistema judicial, dijo en rueda de prensa que “Zelaya puede venir al país cuando lo disponga porque ya desaparecieron las órdenes de captura en su contra”. 

Sin embargo, expresó que “no estamos conformes con la resolución del juez porque pedimos la nulidad de los juicios”. 

Zelaya, quien se encontraba en Guatemala para participar en una reunión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), organismo del cual es miembro y al que automáticamente se integran todos los presidentes y vicepresidentes de los países miembros, fue interrogado por periodistas si planeaba volver a su país y respondió: “no puedo regresar a Honduras”. 

“Hay muchos resabios del golpe de Estado y aún tengo cuestiones jurídicas que resolver”, agregó. 

Sin embargo, al ofrecer declaraciones poco después de terminar al medio día la sesión del organismo legislativo regional, todavía no se conocía la resolución del magistrado hondureño. 

Los defensores habían pedido a los tribunales eliminar los cargos bajo el argumento que Zelaya fue expulsado a Costa Rica por los militares, que violaron su derecho a un debido proceso. 

Tras ser derrocado, la fiscalía presentó siete acusaciones contra Zelaya, de las cuales cinco eran por delitos de orden político y de las que quedó eximido cuando el Congreso aprobó en enero del 2010 una amnistía para delitos de esa índole. 

Los procesos que siguen vigentes y por los que, hasta hoy persistían los pedidos de arrestarlo, eran por supuesta corrupción. En éstos, una docena de ex funcionarios de Zelaya han sido sobreseídos y solo dos siguen como coacusados. Son por fraude y falsificar documentos públicos por retirar del Banco Central unos tres millones de dólares en efectivo. 

Zelaya, que vive en República Dominicana, ha anunciado su intención de volver al país cuando sean eliminados los juicios por haber sido incoados por autoridades involucradas en la conspiración que generó su caída. 

El exgobernante hondureño, que considera al actual gobierno de Porfirio Lobo no tiene legitimidad por haber sido producto de unas elecciones realizadas bajo un regimen de facto, denunció en un correo enviado el viernes a AP que las autoridades hondureñas están empeñadas en destruir el movimiento social. 

“Nos encontramos frente a un plan conspirativo que destruyó la democracia con el golpe de Estado de junio de 2009 y consiste en destruir los sectores organizados”, dijo el ex mandatario en un correo electrónico enviado a la AP desde Santo Domingo. 

Agregó que “nunca antes se ha ejecutado en nuestro país un plan tan brutal que use tanta alevosía y ventaja (para) sostener los privilegios de una elite voraz y sanguinaria”.  Los comentarios de Zelaya llegan después de tres semanas en que el magisterio y otros grupos, como de universitarios, vienen realizando manifestaciones diariamente; en muchas de las cuales terminan enfrentándose contra fuerzas de seguridad y también vandalizando locales comerciales de la capital. En otras ciudades del país las manifestaciones no han tenido esos rasgos violentos. 

En su condición de líder del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Zelaya afirmó que “los niveles de represión demuestran la desesperación del régimen (del presidente Porfirio Lobo) ante la fuerza de nuestras ideas y la razón que nos asiste”. 

El viernes, cuatro protestantes resultaron con golpes cuando la policía y el ejército desalojó de una avenida a centenares de maestros y miembros del FNRP que exigían, en las cercanías de un cuartel policial, la libertad de 26 de sus partidarios detenidos por las autoridades en la víspera.

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