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Temen nuevos focos de violencia

AFP

09 de junio de 2009 12:01 AM

La toma por parte de indígenas de una carretera y de campos petroleros en la Amazonía peruana generó temores de nuevos focos de violencia tras los choques del fin de semana entre nativos y policías que dejaron 35 muertos que comienzan a pasarle factura al gobierno del presidente Alan García. La carretera Yurimaguas-Tarapoto (900 km al norte de Lima), tomada por unos 3.000 nativos desde hace 34 días, genera especial atención por la eventualidad de que se repita la violencia que el viernes pasado se produjo en la selvática Bagua. Este lunes, la Defensoría del Pueblo confirmó un acuerdo para una apertura parcial de la ruta este martes, pero la Policía busca una solución definitiva. Adicionalmente, el domingo, los nativos tomaron de manera pacífica dos instalaciones petroleras en la selva amazónica en el extremo norte del Perú, pertenecientes a la Pluspetrol, de capitales argentinos. Todos estos hechos hacen parte de una protesta indígena, cuyo líder, Alberto Pizango, se refugió en la tarde del lunes en la embajada de Nicaragua en Lima luego de que el gobierno emitiera en su contra una orden de captura, informó el primer ministro, Yehude Simon. “Acabo de recibir un documento de la embajada de Nicaragua dirigido al ministerio de Relaciones Exteriores en que informa que el señor Alberto Pizango se refugió en la tarde de hoy en esa misión diplomática”, dijo Simon al presentarse en la Comisión de Defensa del parlamento unicameral. El embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, confirmó desde Managua a la emisora limeña RPP que Pizango pidió asilo político a su país y que su caso “tiene todas las características de ser un perseguido político”, por lo que estimó que ese derecho le sería concedido. La recuperación a sangre y fuego por parte de la Policía el viernes de la carretera en Bagua -seguida por protestas y la retención como rehenes de 38 policías en una estación petrolera- dejó 24 uniformados muertos y 11 indígenas, cifra que podría incrementarse. Desde entonces tanto el gobierno como los nativos han radicalizado posiciones. Unas 65 etnias de la Amazonía protestan desde abril pasado para que el gobierno derogue decretos que consideran pueden quitarles sus tierras en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.

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