Un agricultor y su esposa mueren calcinados en ataque en Chile

Un agricultor y su esposa murieron quemados la madrugada de este viernes en el incendio intencional de su vivienda en una zona mapuche del sur de Chile, en un ataque calificado de "terrorista" por el Gobierno, que prometió el máximo rigor de la ley.
"Estamos en presencia, una vez más, de un acto de carácter terrorista, de un acto gravísimo de atentado a la vida de dos personas que han sido todo un símbolo en la lucha por la defensa de sus tierras", dijo a periodistas el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
El incendio intencional consumió por completo la vivienda habitada por el agricultor Bernard Luchsinger, de 75 años, y su esposa, quienes fueron encontrados calcinados, según confirmó la familia del matrimonio.
De acuerdo al relato de testigos, un grupo de al menos diez encapuchados atacó la madrugada del viernes la vivienda ubicada en la localidad de Vilcún, en la región de La Araucanía, unos 600 km al sur de Santiago de Chile, en una zona donde se asientan la mayoría de las comunidades mapuches, la mayor etnia chilena.
En el lugar, de acuerdo a las autoridades, fueron encontrados panfletos alusivos al quinto aniversario de la muerte del joven estudiante mapuche Matías Catrileo, asesinado por un disparo policial mientras participaba en la ocupación de un predio agrícola en 2008.
"Se está reivindicando la situación de Matías Catrileo. Estamos en la fecha de aniversario y esas son las reivindicaciones que se están haciendo y los panfletos que se han encontrado", dijo Chadwick.
Catrileo forma parte de los 13 mapuches muertos en la zona desde que estallaron, en la década de 1990, las reivindicaciones de tierras que los indígenas creen que les pertenecen por derechos ancestrales y que hoy están en manos privadas.
Hasta ahora, ningún grupo mapuche se ha adjudicado el ataque a la vivienda de la familia Luchsinger ni otros menos graves ocurridos en la misma zona en las últimas semanas.
El fiscal a cargo de la investigación, Miguel Ángel Velásquez, confirmó la detención de un sospechoso del ataque de esta madrugada.
"Se cuenta con un detenido, que se encuentra con una herida de proyectil de carácter menos grave, internado en el Hospital Regional de Temuco", dijo Velásquez.
Chadwick dijo además que el gobierno pedirá a la Justicia perseguir este ataque por medio de la ley Antiterrorista, una severa normativa que endurece las penas respecto a la legislación ordinaria, y anunció el viaje a la zona del presidente Sebastián Piñera.
No es la primera vez que las autoridades invocan contra mapuches esta normativa, cuya aplicación contra indígenas ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que han alertado también por un excesivo uso de la fuerza policial en estos casos.
Tampoco es la primera vez que el gobierno califica como "actos terroristas" incendios ocurridos en la zona mapuche, sin que hasta ahora la justicia haya confirmado que estén operando grupos de este tipo.
El año pasado, Piñera acusó directamente a mapuches de provocar un gigantesco incendio forestal en la región de La Araucanía en el que murieron siete brigadistas, sin que se haya podido confirmar el vínculo hasta el momento.
El gobierno cree que en La Araucanía está operando un grupo radical mapuche que tendría financiamiento extranjero.
"Creemos que son cerca de 120 las personas que generan temor. En las investigaciones, (lo que) está absolutamente claro es que hay participación y apoyo de grupos extranjeros", afirmó Chadwick en una entrevista de prensa la semana pasada.
Primeros habitantes de Chile y parte de Argentina, los mapuches suman hoy unos 700.000 (entre los 16,5 millones de habitantes del territorio chileno), y están concentrados en una reducida zona del sur chileno. Sus niveles de pobreza doblan a los del resto de la población.
El gobierno de Piñera puso en marcha el año pasado en la zona un Área de Desarrollo Indígena (ADI), dispositivo que beneficia a unas 1.000 familias mapuches miembros de 37 de las 42 comunidades originarias.
El ADI incluye la compra de tierras a privados y mejoras en infraestructura y en los servicios de educación y salud.