Interponen acción popular contra el Distrito por invasión en Chambacú

29 de abril de 2014 12:23 PM

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El abogado cartagenero Juan Carlos Cárcamo interpuso una acción popular contra el Distrito de Cartagena por invasión y daños causados al terreno y a la ciénaga de Chambacú.

El recurso fue instaurado ante un juez administrativo de la ciudad y denuncia la pasividad y permisividad de la Alcaldía, el EPA, el Dadis, Cardique y la Umata, para permitir la vulneración de derechos colectivos y daños ambientales en ese sector de la ciudad, donde se encuentran las pesebreras de los cocheros del Centro Histórico.

Cárcamo relató que la problemática se inició hace más de 10 años con la invasión de la parte de atrás de los estadios de fútbol y sóftbol de Chambacú, cercano al monumento de la India Catalina. Los invasores construyeron improvisadas viviendas con madera y cartón al lado de los cambuches para caballos, en una zona considerada como espacio público.

El abogado asegura que al no tener servicios públicos, la invasión ha contaminado la laguna de Chambacú, considerada como eje ambiental estratégico del Distrito en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

“El lugar es una fuente de basuras y desechos, excremento de animales, un foco de bacterias e infecciones, degradación ambiental y se ha contaminado y destruido el ecosistema. Esa zona se convirtió en un foco de inseguridad y expendio de vicios, que afecta a los barrios aledaños”, señala Cárcamo.

“A pesar de que se ha pedido al Distrito que solucione este problema ambiental y de espacio público, ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto, esperando que suceda un daño ambiental irreparable, ya que el impacto será cada vez mayor si se sigue afectando el cuerpo de agua”, añade.

Asimismo, dijo que en el lugar se está atentando contra la conservación de especies animales y vegetales, pues en las pesebreras no hay condiciones para tener en buen estado a los caballos que trabajan jalando los coches turísticos, lo que supondría una violación a la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección Animal).

Por lo tanto, la acción popular pide que se reubique a los invasores en un ambiente sano, a los caballos en pesebreras óptimas para su cuidado; la recuperación y restauración de la laguna y el espacio público invadido en Chambacú.

QUE NOS REUBIQUEN

Fabio Arzuza Marqués, propietario de varias pesebreras en el sector, aseguró que la comunidad se unió para pedir la ayuda de las autoridades, y estas se comprometieron a reubicarlos en el barrio San Francisco, pero no lo han hecho. (Lea también: Cocheros de Chambacú se sienten en el olvido).

Arzuza cuenta que hace dos años interpusieron una tutela para que los cambiaran de lugar, la cual fue fallada a su favor, pero tampoco lograron que las autoridades cumplieran.

“Estamos aquí pasando miles de trabajos, nos dicen que mañana vienen, que pasado, y nunca vienen. La gente está viviendo mal por la contaminación que hay aquí. Hay más de nueve familias que viven con los animales prácticamente”, dijo.

Fabio Arzuza aseveró que el alcalde Dionisio Vélez se comprometió a reunirse con ellos para buscar una solución, pero hasta la fecha no se ha concretado.

Por su parte, Luis Magín, director de la Umata, dijo que a los dueños de las pesebreras no se les ha cambiado de lugar, a pesar de la tutela, porque estos no han aceptado los sitios que se les han propuesto en Olaya Herrera y San Francisco.

“Esperamos que se concrete un decreto sobre los coches turísticos, con el cual se van a sacar conclusiones importantes, que no se han hecho porque lo están estudiando en jurídica”, dijo.

Además, recordó que este año se ha capacitado a los dueños de los caballos cocheros, con el apoyo de la Fundación Ángeles con Patas y una universidad de Medellín, que hizo un examen médico, veterinario y se ayudó a mejorar las condiciones de los animales.

Entre tanto, la directora del EPA, María Angélica García, sostuvo que esa institución realizó varias inspecciones el año pasado para determinar el impacto ambiental de los invasores en el sector.

“Lo que sigue es un proceso condenatorio en contra de las personas por tala de manglar y los daños que están ocasionando al ecosistema”, dijo.

Las sanciones se determinarían al terminar las investigaciones, siguiendo lo que indica la Ley 1333 de 2009, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

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