“Aquí los que mandamos somos los nativos, ningún turista nos viene a mandar y mucho menos llegará a montar negocios en nuestro territorio”, afirmó Angelo, un habitante de Playa Blanca que como muchos vive del comercio en este destino turístico, que hoy en día se ha convertido en puerto de graves afectaciones ambientales e invasiones ilegales, siendo blanco de los operativos adelantados por el Distrito para la recuperación del espacio público y el ecosistema que, al parecer, no solo es aprovechado por sus nativos sino por personas ajenas a la zona.
A 30 kilómetros de Cartagena está ubicada Playa Blanca, en la Isla Barú, una reserva natural que se caracteriza por la afluencia de turistas y locales debido a la magia de sus paisajes, a sus aguas cristalinas y a su arena blanca. Sin embargo, desde hace 3 años con la inauguración del puente ‘Campo Elías Teherán’, que conecta la isla con la ciudad, el encanto de esta playa está siendo interrumpido por el desorden, los vendedores, la basura y la construcción acelerada de edificaciones ilegales que impactan la reserva natural y afectan a las familias que sí viven de sus asentamientos comerciales en este lugar.
EL PROBLEMA
Desde el 2000 existe la Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca (Corplaya), una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con los nativos de Barú, Ararca y Santa Ana. Tiene una concesión de 800 metros lineales de playa, los cuales 2,4 kilómetros ya están invadidos por personas no reconocidas como nativas, convirtiéndolo en un botadero de basuras, en el que no solo se visualiza el desorden en la parte concesionada sino en toda Playa Blanca, pues ya es notorio la falta de espacio para caminar o broncearse, especialmente en temporada alta.
“Muchas veces son personas que no son nativos, pero que desde hace 3 años han venido migrando hacia la playa. Algunos son de pueblos cercanos y se valen de su color negro para reconocerse como ‘afros’ y así acceder a todos los beneficios que tiene esta comunidad”, afirmó Clara Diago, directora de Corplaya.
La líder comunitaria agregó además que a finales de 2016 se realizó un censo que arrojó que el número de invasiones era de 54, pero debido a la rápida masificación podría haber aumentado a 64, ya que todos los meses aparecen nuevas edificaciones, las cuales son armadas por sus propietarios durante la noche.
“El proceso es fácil y ganador, son hostales que no pagan impuestos, por lo que su inversión se recupera en pocos días. Es solo talar y quemar el mangle para adecuar el terreno, luego se trasportan los materiales y se construye. El puente no solo fue una conexión con la ciudad sino un punto de quiebre para el ecosistema, pues es más fácil ir de un lado a otro por carretera que por un ferri, como se hacía antes”, aseguró.
Actualmente existe en la playa un grupo reconocido por la Corte Constitucional como consejo comunitario. A estas personas por estar protegidas por la ley no se les puede desalojar, por lo que algunos aprovechan esta facultad para buscar posibles inversionistas y vender su terreno, lo que ha generado el aumento de construcciones ilegales por extranjeros en zonas de ‘bajamar’ o cercanas a la playa que invaden el espacio público y además no cuentan con los permisos de suelo requeridos para su funcionamiento. La mayoría de estos foráneos utilizan a los nativos como fachada para no ser desmontados.
“No solo se está luchando contra las invasiones que cada vez crecen más sino que se está lidiando una batalla adicional. Los baños con pozas sépticas de estas cabañas no tienen un buen uso, por lo que toda la basura se filtra a las lagunas y a la playa, provocando un gran daño ambiental. Además que la tala indiscriminada de mangles para la adecuación del espacio ocasiona un crimen contra el ecosistema, lo cual debería tener un castigo penal que, hasta ahora, no se ha puesto en práctica”, puntualizó la directora.
¡NO SE TOMARON MEDIDAS DESDE EL PRINCIPIO!
La construcción del puente no solo aumentó la llegada de turistas sino que también disparó la invasión de la playa, que tuvo un acelerado aumento en 2014 precisamente por el fácil acceso a este lugar. Quizás si el Gobierno de turno hubiese puesto orden desde el principio, se habrían podido evitar los daños actuales.
Algunos habitantes de Playa Blanca afirman que el Distrito nunca se ha acercado a ellos a ofrecerles ayuda ni mucho menos se había interesado por la playa hasta hace poco.
“La Alcaldía nunca vino a ofrecernos apoyo en nada, pero ahora que saben que Playa Blanca es una mina de oro y sí vale es que quieren desalojarnos para privatizar la zona”, dijo un nativo de la isla.
Por su parte, Corplaya aseguró que “el tema se salió de las manos, ya que el mismo Estado, quien fue el que otorgó la concesión de playa, también dejó que esta fuera invadida”.
Los comerciantes-agrega- también han sido indolentes con el tema ambiental, ya que poco a poco están acabando con el parque natural. “Si se aprovechan de él para lucrarse al mismo tiempo deberían mantenerlo limpio y conservar el ecosistema”.
A pesar de que la Alcaldía expidió el Decreto 0885 del 27 de julio de 2016 que regula los horarios de las playas y el ingreso de comidas y bebidas a Playa Blanca, esta medida no ha sido puesta en práctica por sus visitantes, pues la falta de autoridad y la casi inexistente presencia policial, no ha permitido que la norma opere como se esperaba, ya que no hay quién haga cumplir la ley.
LOS OPERATIVOS: ¿LA SOLUCIÓN?
Ante la problemática, la administración distrital sostiene que los operativos de desmonte de edificaciones ilegales son la solución y garantizan la recuperación de gran parte de la zona de Playa Blanca. (Lea aquí: Desmontan cabaña que no cumplía con las normas en Playa Blanca)
“Playa Blanca es un parque natural protegido nacionalmente, por eso es obligación del Distrito verificar el uso de los terrenos para que aquellos que estén en bajamar y provoquen daños al ecosistema sean demolidos de inmediato”, explicó Yolanda Wong Baldiris, alcaldesa (e) de la Localidad Uno: Histórica y del Caribe Norte.
Wong añadió que además de los operativos de desmonte también se están comprobando los recursos con los que se hacen las grandes inversiones comerciales, especialmente los que provienen de extranjeros.
“Sean nativos o internacionales no pueden estar ubicados cerca a la playa y deben sustentar sus dineros, no hay preferencia para nadie, la ley es clara para todos”, advirtió.
Finalmente, Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, manifestó que las diligencias se están llevando a cabo para inspeccionar aquellas cabañas nuevas que estén en zonas prohibidas, las cuales serán desalojadas.
“La idea es continuar con los operativos para recuperar las zonas de bajamar y el ecosistema natural para que los cartageneros disfruten de su entorno natural y para que de esta manera se proteja el medio ambiente”, concluyó Niño.
Mientras las autoridades no tomen acciones drásticas que permitan proteger integralmente a Playa Blanca, este paradisíaco balneario seguirá siendo destruido lentamente por turistas y locales que a diario lo visitan.
El Universal realizó un video desde el drone para que admires la belleza de este paraiso que poco a poco se está acabando.
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